Vámonos por partes estimado amigo. Una cosa es el indulto, otra la amnistía, y otra muy distinta es el capricho presidencial.
El indulto, para conocimiento superior de López Obrador, es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena.
El indulto comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas. Éste presupone el perdón de la pena, y la amnistía presupone el perdón del delito.
Para el indulto es necesario un acto administrativo, para la amnistía es necesaria una ley.
La amnistía es el perdón del delito, donde la persona sigue siendo culpable o responsable del mismo, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. Extingue los antecedentes penales, el indulto no.
Pero aquí viene lo más interesante: para otorgar un indulto, es necesaria una sentencia firme, en la amnistía no es necesario y generalmente se aplica a los delitos políticos.
Cabría preguntar: ¿hasta dónde va a llegar el límite de un dios terrenal que perdona a diestra y siniestra a todo tipo de delincuente, cual si fueran pecadores frente al santo divino?
La desvergüenza de Guillermo Padrés Elías es superlativa al pedir la intervención de Andrés Manuel López Obrador para que le perdone todos sus pecados y lo considere un perseguido político de un régimen que sin duda alguna, le cae en el ombligo al primer mandatario de la nación mexicana.
El Ejecutivo federal, con el simple hecho de ponerlo a consideración de su equipo para darle a Padrés una opción legal para que deje las instalaciones del penal donde se encuentra recluido, es una cachetada que suena fuertemente a través de todo el país.
Se sentaría un precedente muy negativo para la administración Morena, de que todo en su gobierno, será medido por las pillerías de sujetos que como Padrés, dejaron temblando las arcas del Gobierno de Sonora y muy lastimada la dignidad de los sonorenses.
Además, si el sujeto de marras está siendo actualmente procesado penalmente por delitos que habrán de comprobársele, ¿por qué el Ejecutivo interviene por una simple solicitud del procesado, en un asunto que está bajo la responsabilidad inmediata y directa del Poder Judicial de la Federación?
¿No habrá nadie en el equipo del Presidente que le aconseje adecuada y convenientemente para no cometer ese tipo de pifias, o por lo menos no se preste a malas interpretaciones que pudieran considerarse como tráfico de influencias y corrupción de alguien?.
Huele a chicana como se dice en el argot judicial, o peor aún, tiene olor a “moche”, sí, esos mismos que odia López Obrador. Por eso, señor Presidente, mucho cuidado, no vaya a ser que alguien lo quiera llevar al baile y beneficiarse a sus costillas.
O usted, ¿qué opina amable lector?
El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios estados y articulista en diversos periódicos del país.
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