Andrés Manuel López Obrador ha declarado que en los primeros seis meses de su gobierno, los inspectores del Servicio de Administración Tributaria, (SAT), y de la Procuraduría Federal del Consumidor, (Profeco), no llevarán a cabo diligencias de inspección o de verificación en contra de la población.
Entratándose del SAT, la medida no podía ser más oportuna. La población vive el terrorismo fiscal desde años ha, precisamente con la visita o detenciones que realizan los funcionarios del organismo antes mencionado.
Es angustia constante entre la población, cuando se topa uno con un inspector o verificador del SAT. Los abusos, las arbitrariedades, y el autoritarismo son características personales de quienes en lugar de servir al público, lo atemorizan.
Usted sabe amable lector que en materia de comercio exterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal, ha celebrado prorrogados Anexos 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal con los gobiernos estatales.
En el caso Sonora, existe dicho Anexo 8 donde la Federación lo faculta para llevar acciones en la citada materia, siendo el mayor atractivo el decomiso o embargo precautorio de mercancía de procedencia donde se incluyen los popularmente llamados carros chocolates.
Las actuaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior del Estado de Sonora, son verdaderamente un robo en despoblado. En carreteras hacen y deshacen. Y en ocasiones en poblados y ciudades dejan temblando a sus habitantes con las verificaciones ilegales que realizan.
Una práctica manida y constante es pedirle al conductor de un carro chocolate, los documentos originales de éste, reteniéndolos y no devolviéndoselos a quien sufre el acto de molestia por parte de la autoridad.
Al demandar el afectado a la Cevce, y obtener el fallo favorablemente a sus intereses, no tiene manera de recuperar su automotor precisamente porque la Cevce le exigirá acredite su interés legal con los documentos despojados.
Este tipo de verificaciones, –entre miles que se llevan ilegalmente por la Cevce–, se vienen realizando en todo el territorio, por lo que se aconseja a los afectados, no entreguen la documentación a quien en ese momento se los pide para verificarlos. Si el afectado no entrega dicha documentación tiene más posibilidades de ganar el juicio.
Luego, si existe dicho convenio, es lógico que la Cevce debe suspender dichas inspecciones por orden de la Federación. Pregunta: ¿sería procedente deshacerse por 6 meses de esa glotona plantilla de personal que la Cevce mantendrá sin justificación?
Por eso es plausible la determinación de AMLO de suspender por un tiempo los abusos. Y ya lo dijo: todos van por los moches. ¿Sabrá algo de la Cevce?
O usted, ¿qué opina amable lector?
El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios Estados y articulista en diversos periódicos del país.
Teléfono (6621) 57.7114 celular
Correo: primalex2010@hotmail.com
