/ viernes 15 de febrero de 2019

A propósito | Reinventando el marco jurídico

Tal parece que el signo de la presente administración pública federal, es el de estar violando la Ley, y lastimando a cuanta persona se ponga enfrente de un gabinete que está dando palos de ciego en su quehacer diario, y ayunos del conocimiento de la Constitución Federal y sus leyes secundarias.

Una pifia más, es intentar normar mediante la ley correspondiente, que los funcionarios y empleados públicos no puedan desempeñar ningún trabajo, puesto o cargo dentro de una actividad privada, que se encuentre relacionada con intereses con el gobierno en turno.

La iniciativa. –aun sin presentar–. Exige que quien desee pasar a prestar sus servicios de manera privada, debe esperar por lo menos diez años desde el momento en que se quedó sin trabajo en el Gobierno, es decir, cuando cesaron sus quehaceres gubernamentales.

Qué pifia tan grande. Habría qué recordarle a quien tuvo tan salvaje idea, que el artículo 5 de la Carta Magna, protege el derecho a dedicarse a la actividad que más le acomode al ciudadano, siempre y cuando sea lícita y honesta.

Por lo tanto, en acatamiento a dicho dispositivo constitucional, cualquier mexicano puede dedicarse a la actividad que mejor le acomode independientemente que hoy mismo haya dejado de prestar sus servicios al Gobierno mexicano.

Una iniciativa como la comentada, no puede ir en contra de un dispositivo constitucional como el citado, ya que de llevarse a cabo tal aberración, cabría impugnarla a través del juicio de amparo.

Imagínese nada más la locura de alguien que pretende coartar el derecho al trabajo, dedicándose a la profesión, oficio o actividad que mejor le acomode.

Nadie en su sano juicio daría crédito a tal obcecación presidencial. Un solo hombre, que al parecer se siente el creador de la tierra y del cielo, de lo visible e invisible, limita con su poder omnímodo, que los mexicanos tengamos que esperar diez años para encontrar trabajo después de dejar el Gobierno.

Una aberración así, se encuentra plasmada en una ley secundaria del Estado de Sonora, sólo que la misma exige un compás de espera de un año para poder trabajar en lo que más plazca. Prohíbe incluso que el profesionista ejerza su profesión.

Estas son las locuras del poder, cuando no tiene pesos y contrapesos. Luego nos prohibirán tener más hijos. Que nuestros vástagos no estudien más porque deben trabajar duro para mantener al gobierno glotón que se lleva un 80% del dinero de los mexicanos en sostener su nómina.

Pero lo más preocupante es que nadie dice nada. Ocurrencias van y vienen, y se hacen ley, sin que la sociedad se oponga a tantas arbitrariedades, ilegalidades y distracciones mentales.

Armarse de valor, es lo que le falta a la sociedad mexicana. Después no se queje de los arrebatos del poder.

O usted, ¿qué opina amable lector?

El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios estados y articulista en diversos periódicos del país.

Teléfono (6621) 57.7114 celular

Correo: primalex2010@hotmail.com

Tal parece que el signo de la presente administración pública federal, es el de estar violando la Ley, y lastimando a cuanta persona se ponga enfrente de un gabinete que está dando palos de ciego en su quehacer diario, y ayunos del conocimiento de la Constitución Federal y sus leyes secundarias.

Una pifia más, es intentar normar mediante la ley correspondiente, que los funcionarios y empleados públicos no puedan desempeñar ningún trabajo, puesto o cargo dentro de una actividad privada, que se encuentre relacionada con intereses con el gobierno en turno.

La iniciativa. –aun sin presentar–. Exige que quien desee pasar a prestar sus servicios de manera privada, debe esperar por lo menos diez años desde el momento en que se quedó sin trabajo en el Gobierno, es decir, cuando cesaron sus quehaceres gubernamentales.

Qué pifia tan grande. Habría qué recordarle a quien tuvo tan salvaje idea, que el artículo 5 de la Carta Magna, protege el derecho a dedicarse a la actividad que más le acomode al ciudadano, siempre y cuando sea lícita y honesta.

Por lo tanto, en acatamiento a dicho dispositivo constitucional, cualquier mexicano puede dedicarse a la actividad que mejor le acomode independientemente que hoy mismo haya dejado de prestar sus servicios al Gobierno mexicano.

Una iniciativa como la comentada, no puede ir en contra de un dispositivo constitucional como el citado, ya que de llevarse a cabo tal aberración, cabría impugnarla a través del juicio de amparo.

Imagínese nada más la locura de alguien que pretende coartar el derecho al trabajo, dedicándose a la profesión, oficio o actividad que mejor le acomode.

Nadie en su sano juicio daría crédito a tal obcecación presidencial. Un solo hombre, que al parecer se siente el creador de la tierra y del cielo, de lo visible e invisible, limita con su poder omnímodo, que los mexicanos tengamos que esperar diez años para encontrar trabajo después de dejar el Gobierno.

Una aberración así, se encuentra plasmada en una ley secundaria del Estado de Sonora, sólo que la misma exige un compás de espera de un año para poder trabajar en lo que más plazca. Prohíbe incluso que el profesionista ejerza su profesión.

Estas son las locuras del poder, cuando no tiene pesos y contrapesos. Luego nos prohibirán tener más hijos. Que nuestros vástagos no estudien más porque deben trabajar duro para mantener al gobierno glotón que se lleva un 80% del dinero de los mexicanos en sostener su nómina.

Pero lo más preocupante es que nadie dice nada. Ocurrencias van y vienen, y se hacen ley, sin que la sociedad se oponga a tantas arbitrariedades, ilegalidades y distracciones mentales.

Armarse de valor, es lo que le falta a la sociedad mexicana. Después no se queje de los arrebatos del poder.

O usted, ¿qué opina amable lector?

El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios estados y articulista en diversos periódicos del país.

Teléfono (6621) 57.7114 celular

Correo: primalex2010@hotmail.com