Cuando quien esto escribe fungía como presidente de los Profesionistas y Técnicos de Baja California Sur, fue invitado a una consulta popular convocada por don Miguel de la Madrid para reformar el Poder Judicial de la Federación.
En aquellos tiempos, el poder mencionado adolecía de muchísimos defectos en cuanto a funcionalidad de sus instalaciones.
Viejos escritorios de sólido acero, viejas máquinas de escribir marcas Remington y Olivetti, lápices Dixon, gomas de borrar como barras de mantequilla, papel carbón para el interminable juego de copias.
Expedientes regados por doquier, sillas desvencijadas, áreas incómodas para leer y consultar expedientes, oficinas poco dignas para una función jurisdiccional, en fin.
Pero el planteamiento se centró en la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que le impedía a este último obtener una verdadera independencia del titular en turno. ¿Qué hacía falta?
Primero dotar de dignidad las instalaciones de juzgados y tribunales del país incluyendo a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Segundo, otorgarle independencia económica, esto es, que el Poder Judicial manejara y operara su propio presupuesto sin que se viera forzado a andar implorando en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de Programación y Presupuesto, el dinero necesario para su funcionamiento adecuado.
Es cierto que quien maneja el dinero tiene el poder. Todos quienes trabajan para Gobierno, saben perfectamente que si con alguien no deben pelearse es con el señor del dinero y con la cocinera.
Quien maneja el dinero, recibe instrucciones del titular del Ejecutivo para que le abra o cierre la llave a cualquiera de los poderes restantes, incluyendo gobernadores y presidentes municipales.
En Sonora existe algo parecido. Un magistrado presidente que año con año sufre con el presupuesto porque o bien no le dan lo que pide o se lo reducen sustancialmente. ¿Solución? Que del presupuesto total del ejercicio anual que se autorice al Gobierno sonorense, se le fije un porcentaje permanente al Poder Judicial.
Tomemos por caso un ejercicio de sesenta mil millones de pesos y un 5% para el Poder Judicial, estaríamos hablando de tres mil millones de pesos. Para pensarse, ¿no?
Con ello se dignificaría al Poder Judicial de Sonora con mejores prestaciones y tendríamos juzgadores más capacitados, preparados y respetados. Actuarios con vehículos automotores para su actividad y funcionarios más atentos y serviciales con la ciudadanía.
Vamos todos haciendo, “que la Justicia, haga justicia, a la administración de justicia”. Si no se logra, el juzgador seguirá sojuzgado, subyugado y esclavizado por el Poder Ejecutivo. Es hora de cambiar.
O usted, ¿qué opina amable lector?
El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios estados y articulista en diversos periódicos del país.
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