Cuando mi señor padre criticaba las irregularidades llevadas a cabo por funcionarios públicos de su época, decía con gran sarcasmo, “no hay mayor placer en la vida, que gastarse el dinero ajeno”.
Así ha venido ocurriendo a través de los años, en cuanto a gobierno se refiere. Se dispone el uso y abuso de los recursos públicos para beneficio personal en algunos casos, para programas sociales gubernamentales, para obras y servicios, y para que muchos gobernantes vivan como verdaderos emperadores.
Cuando uno voltea hacia atrás y lo contrasta con lo que viene ocurriendo actualmente en materia de apoyos a los más desprotegidos, tiene dos enfoques distintos. Aplaudir las medidas de que primero son los pobres.
Segundo, el despilfarrar el dinero en holgazanes que no tienen oficio ni beneficio para la nación, como es el caso de quienes no estudian ni trabajan. Me refiero a los ninis, que hoy por hoy, con el apoyo desmedido en metálico que se les está obsequiando, se están convirtiendo en fifís a costa de la gran masa contribuyente.
A fuerza de ser justos, el Gobierno debe recapacitar en un sector que jamás ha sido apoyado ni beneficiado como muchos otros que han vivido del gobierno. Me explico.
Existe en nuestro país, un gran segmento social que se caracteriza por ser gente pensante, académicamente preparada, generalmente perteneciente a la clase media, que son precisamente, todos los profesionistas de México.
Ellos tienen dos oportunidades de vida. Unos trabajan para las instituciones de gobierno, y otros para organismos privados. El resto, es el que ejerce su profesión sin recibir nada a cambio señor Presidente. Tomemos por caso, a los abogados litigantes de México.
Si muy bien les va, montan su despacho donde atienden sus asuntos. Pagan renta de oficinas, impuestos, luz, agua, teléfono, mantenimiento de equipo y mobiliario, vehículos, viáticos y personal laborante, con lo que también crea fuentes de trabajo.
No reciben, como mucho empresario u otro sector, los privilegios del poder mediante estímulos fiscales, contratos, convenios, exenciones, prebendas, y muchas cosas más.
Cuando el abogado ejerce particularmente, no es sujeto de crédito bancario. No cotiza en el IMSS ni en Infonavit, por lo que carece de servicios de salud y de casa habitación. Y todavía el Gobierno le enfrenta en abierta competencia, a instituciones que proporcionan servicios jurídicos gratuitos a la población. No se vale.
Peor panorama se le presenta a los jóvenes abogados que egresan de las universidades. Están cerradas las oportunidades. Pero a los que no estudian ni trabajan se les colma de privilegios.
Entonces, señor Presidente, ¿el futuro de las generaciones actuales será la holgazanería? ¿Qué hará usted? ¿Devolverá algo de lo que los abogados han entregado al país?
O usted, ¿qué opina amable lector?
El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios Estados y articulista en diversos periódicos del país
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