A semana y media de asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador enfrenta ya no sólo campañas negras del PAN y ataques sistemáticos del PRI y algunos sectores de la iniciativa privada, también se han sumado las protestas del Poder Judicial por la intención y obligación del Gobierno federal de hacer efectiva la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Desde hace años han estado en el ojo del huracán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto por algunas sentencias polémicas –algunas justas, otras no–, la dilación para resolver algunos recursos, como por sus onerosos sueldos, que por la suma de distintos conceptos llega a casi 600 mil pesos, acorde al titular del Ejecutivo.
La SCJN negó que las percepciones de sus magistrados fueran de ese monto y compartió en su cuenta de Twitter el “Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación” para el ejercicio fiscal 2018, donde se desglosan las percepciones.
Un ministro gana de 159 mil 282 pesos a 269 mil 215 pesos al mes, sin contar prestaciones como seguros de gastos médicos mayores, de vida, de retiro, de separación individualizada, pago por riesgo y un largo etcétera. Tan sólo de aguinaldo recibirán este año entre 523 mil 880 y 554 mil 595 pesos. Cifras parecidas en sueldos y aguinaldos reciben los consejeros de la Judicatura y los magistrados del TepjF.
Ante la determinación de AMLO y de los coordinadores de las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado, de que se aplique la ley de que nadie gane más que el Presidente de México, jueces y magistrados siguen pegando de gritos e interponiendo amparos al por mayor, ante la evidente resistencia al cambio por el que el electorado votó el 1 de julio.
De la misma forma como los empresarios de siempre se han beneficiado del sistema no quieren entender que se optó por eliminar las dañinas prácticas del tráfico de influencias y los moches, en el Poder Judicial se ha topado con pared el gobierno de la Cuarta Transformación, porque las señoras y los señores no quieren perder sus privilegios. Como bien dijo el presidente, son sueldos groseros.
Una cosa es que haya salarios justos en proporción de la función que se desempeña y conocimientos para ello, porque tampoco se debe regalar el trabajo, pero otra distinta es que se les pague para que vivan como reyes.
Veremos en qué termina el estira y afloja, en el que ni el Ejecutivo ni el Judicial parecen dispuestos a ceder un ápice.
Aval del Tepjf al fraude en Puebla
En la coyuntura de esta guerra de los sueldos y los privilegios, el famoso Trife, hoy Tepjf resolvió desechar el proyecto que proponía anular la elección en Puebla, con 4 votos en contra de la propuesta del magistrado José Luis Vargas y 3 a favor, con lo que la panista Martha Érika Alonso se convertirá en la tercera gobernadora de México en el naciente sexenio lopezobradorista.
Pese a las irregularidades documentadas desde la campaña y las evidencias mostradas por el magistrado, entre ellas el robo de material electoral, el deficiente resguardo de documentación, además de amenazas a integrantes del Tribunal, se avaló el fraude electoral. Otro episodio vergonzoso para la democracia en México.
Hasta el próximo miércoles.
Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por El Colegio de Sonora y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora.
Twitter: @AlvaradoVMarce
