En México hemos llegado al punto en el que grupos del crimen organizado ya no sólo producen, compran y/o venden droga, corrompen políticos, cuerpos policiacos y elementos de las Fuerzas Armadas. También roban combustible, tierras, vehículos, casas, secuestran, extorsionan, violan mujeres, y entrenan sicarios en el uso de armas de grueso calibre y tortura, como la de mutilar a sus víctimas.
Hace por lo menos un par de décadas que la crueldad ha ido escalando, que los crímenes son cada vez más sanguinarios y esa violencia se ha ido normalizando.
Lo sucedido cerca de Bavispe, Sonora, en los límites con el Estado de Chihuahua, volvió a cimbrar a todo el país. Una mujer y sus cuatro hijos, dos de ellos bebés de seis meses murieron calcinados luego de que la camioneta en que se desplazaban fue blanco de un ataque armado.
Otras dos madres de familia y dos de sus hijos fueron asesinados al parecer a quemarropa, para un total de nueve integrantes de la comunidad mormona LeBarón a quienes les arrebataron la vida. Varios menores lograron ponerse a salvo y sobrevivieron a heridas de bala.
La gran pregunta es: ¿Habrá tocado fondo la violencia desatada por el crimen organizado y quienes emulan sus prácticas? ¿Pasará la población mexicana de ser simple espectadora y reclamar en las redes sociales, a tomar las calles para que sus gobiernos actúen?
Cambios necesarios
Una de las cualidades del presidente Andrés Manuel López Obrador es que, a diferencia de otros políticos, sabe reconocer cuando comete un error. Como candidato prometió sacar al Ejército de las calles, porque la inseguridad y la violencia debían combatirse atacando sus causas.
Pero en su calidad de presidente electo, después de reunirse en agosto del año pasado con Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Sedena, admitió que no se podía lograr ese objetivo sin las Fuerzas Armadas, porque la Policía Federal no estaba preparada. De ahí vino el proceso de creación de la Guardia Nacional.
Sí admitió que no podía retirar al Ejército y se hizo el cabildeo necesario para darle todo el soporte jurídico y administrativo a la GN, integrada con buena parte de soldados y marinos, es porque se pensaba implementar una mejor estrategia de seguridad, en tanto se logra la verdadera profesionalización de las policías municipales, estatales y se fortalece la propia Guardia.
De acuerdo en que no debe repetirse la guerra de Felipe Calderón, seguida por Enrique Peña, pero tampoco se trata de caer en la inacción.
La política social es uno de los pilares del Gobierno federal, para atacar una de las causas de la violencia, como es la pobreza, pero no debe ser una única línea de acción, sino ¿entonces para qué contar la Guardia Nacional? El presidente AMLO y su gabinete de seguridad tienen la oportunidad histórica de priorizar la labor de los cuerpos de inteligencia, para que las operaciones tácticas sean tan efectivas que los llamados daños colaterales se reduzcan a su mínima expresión.
Quizá es momento de que el presidente López Obrador le pida la renuncia a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo y en todo caso lo ubique en una labor donde sus conocimientos y su experiencia sean más efectivos.
Lo mismo va para la gobernadora Claudia Pavlovich, a quien le restan dos años en su administración y qué mejor que dejar buenas cuentas en seguridad, aun cuando el combate al crimen organizado es atribución federal, no deja de ser una responsabilidad compartida la seguridad de la población. Si David Anaya no ha podido con el cargo, también debería irse.
Hasta el próximo miércoles.
Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por El Colegio de Sonora y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora.
@AlvaradoVMarce
