El análisis “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en México”, realizado por el Coneval advierte al Estado mexicano de los riesgos de un aumento considerable en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el que la población de ingresos medios caiga en situación de pobreza, si no se implementan políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional.
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Si los 19 programas y acciones de desarrollo social que el gobierno federal incluyó en el paquete de 38 programas prioritarios para atender la crisis, no se fortalecen y complementan, los avances en esta materia se verían afectados, con un mayor impacto en los grupos vulnerables.
El Coneval analizó el nivel de incidencia de estos programas, dirigidos a quienes se considera serán los más afectados por la pandemia: la población en condiciones de pobreza (urbana y rural), los trabajadores de los sectores formal e informal, los desempleados, así como las Mipymes.
Pérdida de empleo y posibles soluciones
El Coneval considera que las medidas emergentes deben ampliarse y fortalecerse, mejorar su capacidad operativa, asegurar que su focalización sea adecuada y considerar medidas adicionales para quienes pierdan su fuente de ingreso.
Hace apenas unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la pérdida de empleos en abril habría superado el medio millón.
Esta situación afectará los ingresos en los hogares y también implica, como refiere el documento, la pérdida de las prestaciones laborales que el empleo formal brinda.
El Coneval presenta el análisis de dos escenarios con su metodología, a partir de datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto en los Hogares (Enigh) y la de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. En el primero estima que la reducción más pronunciada será en los hogares en pobreza urbana.
La pobreza por ingresos podría aumentar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, es decir, de 8.9 a 9.8 millones de personas, mientras que el total de personas en pobreza extrema por ingresos incrementaría entre 4.9 y 8.5 puntos, que en números llanos variaría entre 6.1 y 10.7 millones de personas, cifra que todavía podría ser superior si no se atiende a la población de ingresos medios.
Propone complementar los apoyos de la federación a las microempresas, con otros para las pequeñas y medianas, con créditos para proteger el empleo y subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deben asumir durante los meses de confinamiento, entre otras acciones.
Asimismo, establecer una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos, seguro de desempleo contributivo, renta básica ciudadana.
Hay otras más en materia de alimentación, salud, educación, con los qué y los cómo, en las que por cuestiones de espacio no podemos abundar, pero que vale la pena que el gobierno federal revise y considere y que incluso los estados y municipios hagan lo propio para complementar.
La crisis que se avecina no admite medias tintas ni de los gobiernos ni de las industrias y empresas empleadoras. Pese a que a todos les está pegando esta emergencia a nivel financiero, será necesario un esfuerzo para no afectar el ingreso de los trabajadores, de por sí insuficiente para adquirir lo básico.
Queda en manos de los tomadores de decisiones lo que siga para México, que por si fuera poco, hay que añadirle el ingrediente de estar en año preelectoral, con partidos y políticos dispuestos a todo para el 2021.
Hasta el próximo miércoles.
Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por El Colegio de Sonora y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Twitter: @AlvaradoVMarce
