“El Paquete Económico 2020 es recaudatorio y basado en austeridad”
El paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2020 que propuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una iniciativa recaudatoria, con incrementos en el gasto social y basada en la austeridad, de acuerdo con especialistas.
Está elaborado bajo principios de una austeridad republicana y esto invita a tener una mayor disciplina en todo el ámbito fiscal, mantener la transparencia y eficacia… otros dicen que es una reforma recaudatoria.
Lo cierto es que con este Paquete Económico se esperan recaudar 3.4 billones de pesos por impuestos, lo cual representa el 74.20% del ingreso total estimado para 2020. La política económica para 2020, tendrá un corte netamente social y de inversión pública —ya que el gasto orientado a programas sociales que permitirán reducir las desigualdades económicas y sociales— es de corte tributario.
A simple vista el paquete económico privilegia el gasto para programas como el seguro de vida para madres jefas de familia, 3×1 para migrantes, de empleo temporal, atención a jornaleros, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente y para los adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros.
Con todo, me parece que el Gobierno no debe cometer el mismo error, resultado de la austeridad, combate a la corrupción y de ajuste presupuestal que en el primer semestre de 2019 que provocó subejercicio en inversión pública, lo cual contrajo el gasto público en 4.5%, señalan analistas. Aquí el dato de burbuja, el Gobierno espera un crecimiento de entre 1.5% y 2% para el 2020, ¿y si no?... ¿qué tema se sacrificará en aras del funcionamiento correcto de la República? ¿Los programas clientelares —sin ser estos malos— o las medicinas y estancias infantiles?
¿Terrorismo fiscal o fortalecer al SAT?
Panistas y priistas votaron en contra de tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada. Recordemos, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular por 66 votos de Morena, PVEM, PT y PES —45 legisladores del PAN, PRI, MC y PRD sufragaron en contra—, un paquete de reformas para tipificar la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, elevar la conducta ilegal a rango de amenaza a la seguridad nacional y aplicar prisión preventiva oficiosa a los delincuentes que evadan al fisco.
La reforma entrará en vigor el día 1 de enero de 2020. Las conductas cometidas antes de que aplique la reforma legal para endurecer las penas a los defraudadores fiscales se continuarán investigando, juzgando y sentenciando.
A quienes expidan facturas falsas por hasta aproximadamente 8 millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni serán tratados como delincuentes o crimen organizado.
Los temas que han ocasionado una ola de declaraciones; que se considerará amenaza a la seguridad nacional el fraude al fisco, sanciones de cinco a ocho años de cárcel para quien compre una factura falsa, protección a personas que ayuden en la investigación (testigos protegidos) servidores públicos serán castigados severamente.
De acuerdo con cifras oficiales del Servicio de Administración Tributaria, entre junio de 2014 y junio de 2018 se crearon más de 9,000 empresas fantasma que, con facturas falsas, simulan actos jurídicos inexistentes.
En dicho periodo, se registraron operaciones de defraudación fiscal de empresas fantasma por más de 2 billones de pesos; una tercera parte del Presupuesto (de Egresos de la Federación) para el ejercicio fiscal de 2020.
Qué significa todo esto estimado lector, que para quien pretenda extorsionar, habrá sanciones fuertes. Los servidores públicos corruptos, emanados de cualquier fuerza política tendrán castigos ejemplares.
“Esta reforma está fuchi”
Las voces que desestimaron la iniciativa alegan estos puntos. Por la bancada del PRI la calificaron así: esta reforma está fuchi, esta reforma está guácala, pa’ que nos entiendan… en esa óptica se quiere equiparar a personas que no realizaron de manera correcta o adecuada su declaración anual de impuestos con quienes dolosamente defraudan al fisco, y con terroristas, feminicidas y secuestradores.
La actividad empresarial, equiparada con delincuencia organizada. La actividad empresarial, considerada un riesgo de seguridad nacional. El PAN decía; “Así no, presidente Andrés Manuel López Obrador. Así no se resuelven los problemas de México; así no se combate la defraudación fiscal; así no se construyen aeropuertos; así no se genera la confianza que requiere el país; así no se logra crecer a 6%; así no se combate la inseguridad”.
En mi opinión el SAT podría actuar, porque sabe quiénes son los que evaden impuestos y emiten facturas falsas. El SAT tiene todos los instrumentos. Tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, la lista negra del 69-B del Código y no va contra ellos.
Quiere cargar a empresarios la responsabilidad de auditar. México presenta un enorme rezago respecto de otras economías de similares características, en términos del porcentaje que representan los impuestos respecto del Producto Interno Bruto. México alcanza cerca de 17% en este indicador, mientras que el promedio de países de la OCDE se encuentra en niveles cercanos a 35 por ciento.
Nos vemos la próxima.
Hasta entonces.
