Otra vez Bonilla… pero ¿qué pasa con él?... trataré de explicar su posición desde la perspectiva jurídica. El principio de presunción de inocencia es un derecho universal recogido por la legislación mexicana.
En el caso del ex gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, cabe la aplicación de ese principio mientras no se compruebe que está relacionado de alguna manera con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, aunque un sector de la opinión pública local ya lo declaró culpable.
Es así de simple y así de contundente, más allá de una máxima o principio legal. Bonilla dijo en una entrevista radiofónica que está dispuesto a declarar ante las autoridades correspondientes. Se le olvida que ya no tiene fuero, que, con o sin su consentimiento estará obligado a comparecer, si hubiera elementos.
Aquí es contexto: Lourdes Maldonado tenía desde hace nueve años un litigio laboral con la empresa de comunicación (PSN), propiedad de Bonilla, por despido injustificado y falta de pago de salarios y prestaciones.
La periodista libró una batalla desigual hasta que logró que el pasado miércoles 19 de enero la empresa fuera notificada de un embargo mercantil en su favor. Lourdes fue designada depositaria e interventora. Temía por su vida. En 2019 llevó el tema a la conferencia de prensa del presidente López Obrador.
Una grabación conserva sus palabras y la respuesta de AMLO: Lourdes Maldonado: “Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida; porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación; sin embargo, hace poco se nos regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya hasta metí un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su supercoordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato, a la gubernatura de Baja California licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí pidiendo su apoyo porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle los sueldos a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor, y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana con este poderoso personaje nada o poco puedo hacer sin su apoyo, señor Presidente, muchas gracias”…
AMLO: “mira, sobre lo último le voy a pedir a Jesús Ramírez Cuevas, que es el coordinador de Comunicación Social, que te atienda, que te apoyen en este tema, para que se pida justicia que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley”.
Pero volvamos al principio… la fracción I del apartado B del artículo 20 constitucional señala, que toda persona imputada tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. Es este, un principio básico del derecho penal moderno que conviene asistir, en la medida de que tiene por objetivo preservar la libertad. Luego entonces, lo diré de forma sintética, que toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se le considere responsable de la comisión de un delito. Agregaría: hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni ser sometido a pena.
Hasta aquí un extracto del derecho adjetivo que convendría citar para salvaguarda de todos. Luego entonces, el caso ya litigado en los medios y con intereses diversos, mancharán la pulcritud de un expediente que habrá de nacer legalmente fundado y motivado, pero que tendrá de transitar —en detrimento para el demandante— por la vía de lo mediático y efectista. Me parece que jamás sabremos la suerte principal del caso, no por la complejidad de la historia remitida a un expediente y sí, por lo político que envuelve la narrativa de los hechos. Habrá sido necesario, la fuerza de la voluntad política y la constitucionalidad que privilegia la separación de poderes. Para ello, una hipótesis de origen llena de polémica; ¿justicia o legalidad?... para cerrar diré —Los jueces no administran justicia sólo lo legal— y Lourdes Maldonado sólo requiere lo justo, la verdad. Nos vemos la próxima.
Hasta entonces.
