En México, el camino hacia el reconocimiento de los derechos político electorales de las mujeres ha sido lento y fracturado. Fue hasta 1953 que se nos reconoció el derecho a votar y ser votadas. En el ámbito legislativo, las reformas son testigos de la progresión del reconocimiento de nuestros derechos políticos.
La reforma a los códigos electorales pasó de únicamente obligar a los partidos políticos a promover la participación política de las mujeres en 1993, a establecer auténticas cuotas de género como umbral mínimo de representación en la definición de las candidaturas: 70-30 en 1996; 60-40 en el 2008; y 50-50 en el 2014. En esta última reforma, se elevó a rango constitucional la paridad en las candidaturas al Congreso federal y los congresos locales.
Este 2019, las y los legisladores aprobamos una reforma constitucional para hacer paritario el acceso a todos los cargos en los tres niveles de gobierno, local, estatal y federal, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo los organismos públicos autónomos.
Con el decreto de reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política, publicado el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federación, se concreta una reforma histórica que garantizará los derechos políticos de las mujeres, y nuestra participación en la toma de decisiones públicas así como el acceso a los espacios de representación.
Además de la paridad en las candidaturas y la integración de los gobiernos y organismos públicos autónomos, destaca el uso de un lenguaje incluyente en la redacción de la norma constitucional; es el caso del artículo 35, donde se modificó el término “derechos de los ciudadanos” por “derechos de la ciudadanía”.
En el Poder Judicial, el concurso público para la integración de los órganos jurisdiccionales también estará sujeto al principio de paridad. Asimismo, en los municipios con población indígena, la paridad regirá la elección de sus representantes ante los ayuntamientos.
Para declararse constitucional, la iniciativa de reforma tuvo que ser aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República, —ambas lo hicieron por unanimidad—, y por más de 17 congresos estatales. Al momento de escribir esta columna, ha sido aprobada por los congresos de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, Durango, Estado de México, Michoacán, Colima, Campeche, San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Sonora.
Muchas mujeres se han sumado dignamente a la lucha por la paridad de género, independientemente de su preferencia política e ideología. Aquellas que han tenido oportunidad de ocupar un cargo de elección popular, en gobierno, Poder Judicial o algún organismo autónomo. También activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y académicas. Especialmente menciono a la Red de Mujeres en Plural, de la cual formo parte.
El siguiente paso es la elaboración de las leyes secundarias y la adecuación de la reforma constitucional en las leyes de los estados, ahí se establecerán los mecanismos y procedimientos para hacerla efectiva. Habrá que estar muy vigilantes, para no repetir casos como el de las “Juanitas” y evitar que a las mujeres se les releguen a participar en distritos electorales poco competitivos.
Porque ninguna se debe quedar atrás, #ParidadEnTodo.
Lorenia Valles Sampedro. Diputada federal Grupo Parlamentario Morena.
