A decir de la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, de 2014 al 2018 fueron detectadas 8 mil 204 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), que emitían documentos originales para amparar operaciones simuladas, y así evadir al fisco o lavar dinero; este monto significó 1.6 billones de pesos, que posibilitó la evasión a las arcas federales por 354 mil millones de pesos.
“Durante los últimos cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto, la falsificación de facturas aumentó 21 veces, hasta llegar a casi nueve millones de facturas falsas expedidas”, detalló la funcionaria en entrevista para el programa de radio Aristegui en Vivo el pasado 12 de septiembre, donde también aseguró que para ello estuvieron involucrados “muchos poderes” y sectores de la sociedad.
El 10 de septiembre, el Senado de la República aprobó una reforma legal que involucra a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, con el fin de combatir las empresas fantasmas y establecer prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal y venta de facturas falsas. Con la reforma se establece como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, el cual tendrá una pena de cinco a ocho años de prisión.
Sin embargo, esta reforma, que busca ser una herramienta para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, no fue avalada por los senadores del PAN, PRI, MC y PRD, quienes aludieron a un supuesto “terrorismo fiscal” que perseguiría a los contribuyentes. Asimismo, los líderes de estos partidos amenazaron con llevar a cabo acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma fiscal aprobada.
Lo cierto es que las facturas falsas, que proliferaron de forma indiscriminada durante el gobierno peñista, significan una cuantiosa fuente de ingresos ilegales a través de la deducción de impuestos. Los 354 mil millones de pesos son superiores a los casi 325 mil millones de pesos que, de aprobarse, tendrá la Secretaría de Educación Pública de presupuesto para el 2020.
De acuerdo con el informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe (OCDE, 2019), los impuestos tributarios que México recaudó en el 2017 equivalieron al 16.2% del PIB, situándose en el lugar 19 de 24 países de la región evaluados (Venezuela fue excluido por falta de datos), debajo del promedio de América Latina y el Caribe (22.8%) y del promedio de los países que integran la OCDE (34.2%).
El problema es grave, puesto que el fraude y la evasión fiscal vulneran la sostenibilidad de las finanzas públicas y la justicia distributiva, afectando el financiamiento de acciones de gobierno como los programas sociales, los proyectos de infraestructura pública y la estrategia de seguridad. Como avaló la mayoría del Senado, la defraudación fiscal es una amenaza a la seguridad nacional. Además, atenta contra el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad.
Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, al presentar el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena durante la discusión del dictamen, negó que la iniciativa pueda ser tildada de “terrorista”; por el contrario, aseguró que con ello se pretende enfrentar a la delincuencia, al buscar fiscalizar sobre todo aquellas facturas por alrededor de 30 millones de pesos, donde el monto de los impuestos sea mayor a 7.6 millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, que juzgó de “farsantes, arribistas, simuladores, politiqueros y corruptos” a quienes intentan bloquear la reforma en la materia desde el Legislativo, ha asegurado que no habrá nuevos impuestos en lo inmediato. No obstante, reconoce que el objetivo es fortalecer las medidas de recaudación, como el combate a las facturas falsas, pues así se canalizarán más recursos a las entidades con mayor rezago social, los programas de bienestar, la reactivación del sector energético, la salud, la educación y la consolidación de la Guardia Nacional.
¿De mejorar la recaudación, cuántas acciones sociales podría financiar el Gobierno Federal? ¿Cuántos hospitales, escuelas, centros deportivos y demás obras construiría? ¿Cuántos empleos generaría? Me queda claro que muchos.
Diputada federal por Morena.
@loreniavalles