Columna Invitada | Inseguridad, el flagelo de Sonora

El Estado atraviesa una grave crisis de inseguridad, impartición de justicia y falta de garantías en la protección a los derechos humanos.

Según cifras oficiales generadas por las instituciones de seguridad pública, se registra un incremento de la violencia y del crimen en Sonora, así como en los municipios, situación que vulnera la vida, integridad y patrimonio de todos los que vivimos en este Estado.

Los ciudadanos no deben estar dispuestos a que se normalice la violencia y el crimen en tierras sonorense, por lo que los tres niveles de Gobierno de acuerdo a sus facultades y competencias deben combatir de forma decidida la inseguridad y la impunidad.

Durante el presente sexenio los feminicidios en la entidad han venido a la alza, lo mismo que la violencia contra la mujer e intrafamiliar, y qué decir del número de adolescentes y jóvenes atrapados en el mundo de las adicciones.

Además se han intensificado las ejecuciones y enfrentamientos en municipios como Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, Magdalena e Ímuris, lo que ha generado inestabilidad en amplias regiones del territorio sonorense.

Además de la necesidad de que el Gobierno reconozca la existencia del problema, urge mejorar la calidad y las competencias de las fuerzas de seguridad pública, considerando la protección de los derechos humanos y la reducción de la violencia, por lo que propongo:

1. Incrementar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control de confianza institucional.

2. Desarrollar mecanismos internos y externos de contrapeso policial.

3. Contar con un eficiente sistema de denuncia de delitos.

4. Desplegar un nuevo Sistema Integral de Desarrollo Policial apegado a las mejores prácticas de capacitación y profesionalización.

5. Transformar el sistema de indicadores de seguridad a uno orientado en resultados.

6. Generar mecanismos de evaluación sistemática del desempeño e impacto del gasto público de los fondos dedicados a la seguridad.

7. Fortalecer los mecanismos de generación y explotación de inteligencia policial.

8. Garantizar las capacidades de aprendizaje institucional en las fallas ministeriales.

9. Elevar las capacidades institucionales en materia forense y pericial.

10. Diseñar programas específicos y de acuerdo a la incidencia delictiva, por regiones e involucrando a los gobiernos locales.

11. Implementar un Observatorio Ciudadano para la firma y monitoreo de un Acuerdo Estatal por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Mientras que con acciones paralelas que refuercen las medidas anteriores, nosotros:

A. Priorizaremos la prevención vs. represión.

B. Brindaremos atención social prioritaria a la juventud.

C. Realizaremos un trabajo planificado en la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer.

D. Trabajaremos en la recuperación de los espacios públicos.

E. Sensibilizaremos a la población para promover acciones preventivas y de convivencia pacífica.

Tengo claro que la convivencia y la seguridad, es la condición de libertad en la cual los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos, libertades y deberes, sin sentirnos víctimas de amenazas y así poder gozar de condiciones de bienestar y tranquilidad, y trabajaré con firmeza para que así sea.