Durante el presente sexenio, conseguir permisos para minería no ha sido fácil, hay una política presidencial conocida, no escrita, ni legislada, pero definitivamente clara, todos los trámites que se puedan negar se van a negar y una forma en la que han frenado decenas de proyectos es a través del hallazgo de restos arqueológicos en zonas de potencial minero.
Obviamente un gobierno hoy en día difícilmente puede argumentar que No va haber permisos porque el Presidente no quiere, ¿qué es esto el PRI de los 70?, pues no, así que la 4T ha retomado ingeniosas formas de argumentar un negativa de permisos.
De acuerdo a los artículos 27,28, 39 y 44 de la Ley Federal de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, cualquier persona, propia o ajena de una comunidad puede denunciar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sospechas, repito, sospechas de existencia de restos arqueológicos en un predio, y cuando una empresa minera hace pública su solicitud de autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat, para establecer y operar una mina, hace del conocimiento público el lugar preciso donde pretende invertir, es ahí cuando llegan las denuncias.
Al denunciar esta sospecha de vestigios del pasado en un sitio donde una minera esté solicitando una MIA, el INAH inicia un proceso que deberá incluir una investigación de campo, lo cual detendría el trámite de Impacto Ambiental de la minera ante la Semarnat, hasta que un arqueólogo avalado por el INAH realice un peritaje, esto puede durar meses, o años debido al limitado personal del INAH, de modo que se ha vuelto práctica común que las mineras acuerden con el INAH el pago para que la dependencia subcontrate a un arqueólogo externo que determine si hay o no un patrimonio arqueológico que proteger, que impida la construcción de una mina.
Actualmente a decir de la propia secretaria de Medio Ambiente hay 500 proyectos mineros detenidos en alguna etapa de tramitología, de acuerdo a un estudio, que en realidad es un ejercicio de observación y experiencia persona de un servidor, alrededor del 80% de los proyectos mineros tienen que pagar a un arqueólogo para librar esta situación y de todos ellos, un 20% se estancará muchos meses, hasta resolver una dictamen final.
La realidad es que ninguna minera quiera acabar con el patrimonio histórico y cualquier empresa seria que encuentre una situación cierta de hallazgos del pasado, estaría totalmente dispuesta a invertir en investigación y preservación, siempre que se le permita coexistir con su actividad fundamental, sin embargo no se puede decir lo mismo de obras como el Aeropuerto Felipe Ángeles, donde no les importó que fuera una zona con restos de mamuts y el propio Tren Maya, que cruza e invade varias zonas arqueológicas del sureste mexicano.
