Magnánimo, como lo es, el Presidente volteó su mirada a ese filón de la patria que es Santa Rosalía en Baja California Sur, y dijo que hará una consulta para analizar la conveniencia de entregar el permiso para que la empresa minera El Boleo siga operando, no será el procedimiento estipulado en la Ley General de Protección al Ambiente, ni el estudio técnico que por norma debe evaluar la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, será una consulta popular, a mano alzada en una comunidad rural. No es legal, pero es la voluntad de Andrés Manuel y así se hará.
Tan ilegal era que el Presidente saliera a decir que negaba el permiso para la ampliación de El Boleo, sin ningún argumento técnico, como ilegal es ahora la solución. Era la única salida viable y predecible, una consulta ciudadana, una salida política que posibilite a El Boleo mantener los 7 mil empleos que genera en el Norte de Baja California Sur.
Sabemos de la injusticia y el agravio que conllevaría el cierre de operaciones de Metalúrgica El Boleo, pero ¿debemos agradecer al Presidente solucionar un problema que él mismo creó?.. Aquí es donde vale mucho la pena analizar la incertidumbre jurídica en la que ha caído la industria en México, principal, pero no exclusivamente la minería.
El Boleo en Baja California Sur es una mina polimetálica, la compañía de capital coreano, trabaja en apego a la Ley y anualmente derrama unos 648 millones de pesos a la economía regional. El año pasado la empresa realizó los estudios técnicos que conforman un Manifiesto de Impacto Ambiental (flora, fauna, hidrología, geología y varios más), este documento fue presentado ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat, donde sus técnicos miden el riesgo de las obras para con el ambiente y el entorno social. Así lo indica la Ley, esto tarda de 3 a 6 meses, o más, y concluye con un dictamen positivo o negativo para el proyecto de la empresa solicitante.
En el caso de El Boleo, mientras corría el plazo de su trámite, en una mañanera, hará unas tres semanas, el Presidente salió a decir que se les había negado el permiso, “les dije que no, que ya no podemos..”. Esas palabras generaron una movilización de gobernantes, candidatos, líderes sindicales y sociales que le hicieron saber a AMLO los inconvenientes de cerrar El Boleo y del impacto negativo para Morena en BCS, donde buscan ganarle al PAN. Ahora el Presidente anuncia que comisionó a la secretaria de Medio Ambiente, que irá a Santa Rosalía donde escuchará a los trabajadores, a la empresa y a los ambientalistas, que por cierto no existen que aquella zona, “Que el pueblo delibere y se llegue a un acuerdo”, dijo textualmente el Presidente en la mañanera del 30 de Abril. A pesar de sus dichos, por Ley la minera debe recibir un dictamen técnico que diga porque se le autoriza o se le niega un permiso, fue un acto ilegal salir públicamente a decir que negaba una solicitud de permiso, y ahora es ilegal que en una reunión en una comunidad rural de 12 mil personas se decida a mano alzada la ampliación de instalaciones mineras. No es la primera vez que un presidente actúa al margen de la ley, pero es la primera vez que se hace abiertamente, antes a eso se llamaba corrupción, ahora se llama justicia, porque él es superior moralmente, no es corrupto, ni se equivoca, primero los pobres y quien no esté de acuerdo estará en su contra.
