Cuando se perdieron las vidas de los 10 trabajadores atrapados tras el derrumbe de la mina de carbón en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, no imaginábamos que la tragedia sería escenario de un negocio millonario que se materializaría en Sonora, donde la empresa Construplan recibió la asignación directa del gobierno federal para obras de búsqueda de los restos mortales de los mineros a cambio de un pago por 629 millones de pesos.
Lo voy a repetir y explicar. El 3 de agosto pasado un derrumbe y una inundación a 60 metros de profundidad en una mina de carbón que le vendía producto a la CFE dejó sin vida a 10 trabajadores, sus cuerpos quedaron atrapados, durante semanas de cobertura mediática en el lugar de los hechos el gobierno de la 4T promocionó un “rescate” en medio de la indignación de los familiares, principalmente esposas de los mineros muertos, en ese momento el Presidente atajó el problema y un equipo negoció con las señoras el pago de una indemnización por 400 mil pesos a cada una, no era una indemnización de ley, no era proveniente de la empresa responsable, de la cual se desconoce si ha sido sancionada, fue una indemnización sustentada en el ánimo de la 4T por evitar críticas y señalamientos de las viudas, en total pagaron 2 millones de pesos a las familias directamente afectadas por la tragedia, 2 millones de pesos por sus muertos, eso no es negocio, es tragedia. 629 millones por intentar rescatar los cuerpos, esa tragedia sí es negocio.
¿Por qué el gobierno federal pagó 2 millones de pesos a las viudas por la muerte los mineros y al mismo tiempo paga 629 millones de una empresa privada para que haga obras de búsqueda de los cuerpos muertos? Sabemos que las empresas trabajan por una ganancia y aquí es evidente que por la magnitud de la obra, la ganancia por pequeña que fuese, 5, 10, 15% estaría superando por muchos millones el dinero que se le dio a las viudas.
Vamos a pensar que no hay corrupción, que nadie está ganando comisión, sí el dinero que gasta el Gobierno es dinero de los contribuyentes, en serio, ¿el pueblo estuvo de acuerdo en pagarle 2 millones a las viudas por las omisiones de una minera irregular?, peor aún, ¿estamos de acuerdo en pagar 629 millones a una empresa para que busque los cuerpos de los muertos?, ¿tiene eso sentido? Al final parece que para algunos la tragedia fue redituable.
Ahora falta que salga Construplan a decir que no ganará ni un cinco, y que los 629 millones los van a invertir directo en las obras y harán todo de forma altruista. Por cierto, los constructores de Coahuila, Óscar Peart y José Antonio García, ambos ex dirigentes de CMIC, han salido a señalar públicamente que el Gobierno federal favoreció a Construplan “sus compadres de Sonora”, al asignarle la obra y no favorecer a los constructores locales vecinos de Sabinas. No está de más recordar que el director general (propietario y fundador), Alfonso Reina Villegas, también ex presidente de CMIC, visitó en el 2019 al presidente Andrés Manuel López Obrador para poner una serie de proyectos a su consideración, junto con otros empresarios sonorenses.
