/ miércoles 26 de enero de 2022

Conversatorios mineros | Si concesionas das certeza… ¿o indemnizas?

El proyecto minero submarino Don Diego está disputando ante tribunales internacionales una indemnización al Gobierno de México, tema de gran importancia para el sector minero en el país, pues sustentan su caso en demostrar el agravio que ocasiona el Gobierno federal al vender una concesión minera y más tarde negar el permiso para explotarla. ¿Suena familiar?

Odyssey Marine Exploration, una empresa basada en Florida se enriqueció encontrando tesoros perdidos en el fondo del mar, tesoros que más tarde pelearía y ganaría en tribunales internacionales a gobiernos de países europeos, la compañía viraría en otra dirección, la minería, pero no la convencional, sino la minería subterránea de fosfatos con un proyecto bien definido en el Golfo de Ulloa, en la costa del Pacífico de Baja California Sur.

Odyssey Exploration tenía un proyecto técnicamente muy afinado, tanto que lo presentó ante la Secretaría de Economía del Gobierno de México, ante quien hizo los denuncios de los bancos de fosfato en el lecho marino de las aguas colindantes con el municipio de Comondú al Norte de La Paz. El Gobierno federal no sólo conoció del tema, sino que concesionó a la empresa el predio marino para explotación o como a mí me gusta decir les vendió una concesión, para efectos prácticos.

Más tarde la empresa iniciaría trabajos técnicos y comunitarios para recabar la información necesaria para su Manifestación de Impacto Ambiental, misma que presentaron en 2016 ante Semarnat, el resultado conocido: Negada, yo personalmente tuve oportunidad de estar presente en la Junta de Información Pública que solicitó la Semarnat a la empresa, para que informara de su proyecto a la población en general, en el Teatro de los Agricultores de Ciudad Constitución, sí, efectivamente hubo grupos opositores, pero aquello no fue crítico y la empresa llevó expertos en el tema importante, el ambiental, el evento se llevó a término.

La Semarnat siempre ha tenido la habilidad de disfrazar sus intereses políticos como preocupaciones ambientales, sobra la jerga técnica que te ponen enfrente para bloquearte, Odyssey cayó en la trampa, se puso a trabajar para mejorar su Manifestación de Impacto Ambiental pues la autoridad hizo observaciones, dudas y preguntas, para ese momentos eran cientos de millones los que habían gastado, entre estudios y el pago de la concesión a la Secretaría de Economía. En 2018 Don Diego fue presentado nuevamente y nuevamente recibieron un no como respuesta, los argumentos, ahora más claros, aludían a que la extracción de fosfato del lecho marino es una actividad poco conocida en el mundo y que México no sería escenario para experimentar a costa de la naturaleza, eso evidentemente ya lo sabía el Gobierno federal antes de vender una concesión minera ¡submarina!

Aquí está el caso de Don Diego, Odyssey Exploration tiene experiencia en dos cosas, dragar el fondo marino para encontrar tesoros y pelear ante tribunales internacionales. Ahora acude a una Corte de Arbitraje Internacional peleando 72 mil 240 millones de pesos, por el dinero invertido y el engaño del Gobierno federal que te concesiona pero no te permite hacer uso de la concesión, sí ganara sentaría un precedente y decenas de mineras canadienses y de EU podrían seguir sus pasos, empresas que en otras administraciones y en la actual han sido igualmente engañadas.


El proyecto minero submarino Don Diego está disputando ante tribunales internacionales una indemnización al Gobierno de México, tema de gran importancia para el sector minero en el país, pues sustentan su caso en demostrar el agravio que ocasiona el Gobierno federal al vender una concesión minera y más tarde negar el permiso para explotarla. ¿Suena familiar?

Odyssey Marine Exploration, una empresa basada en Florida se enriqueció encontrando tesoros perdidos en el fondo del mar, tesoros que más tarde pelearía y ganaría en tribunales internacionales a gobiernos de países europeos, la compañía viraría en otra dirección, la minería, pero no la convencional, sino la minería subterránea de fosfatos con un proyecto bien definido en el Golfo de Ulloa, en la costa del Pacífico de Baja California Sur.

Odyssey Exploration tenía un proyecto técnicamente muy afinado, tanto que lo presentó ante la Secretaría de Economía del Gobierno de México, ante quien hizo los denuncios de los bancos de fosfato en el lecho marino de las aguas colindantes con el municipio de Comondú al Norte de La Paz. El Gobierno federal no sólo conoció del tema, sino que concesionó a la empresa el predio marino para explotación o como a mí me gusta decir les vendió una concesión, para efectos prácticos.

Más tarde la empresa iniciaría trabajos técnicos y comunitarios para recabar la información necesaria para su Manifestación de Impacto Ambiental, misma que presentaron en 2016 ante Semarnat, el resultado conocido: Negada, yo personalmente tuve oportunidad de estar presente en la Junta de Información Pública que solicitó la Semarnat a la empresa, para que informara de su proyecto a la población en general, en el Teatro de los Agricultores de Ciudad Constitución, sí, efectivamente hubo grupos opositores, pero aquello no fue crítico y la empresa llevó expertos en el tema importante, el ambiental, el evento se llevó a término.

La Semarnat siempre ha tenido la habilidad de disfrazar sus intereses políticos como preocupaciones ambientales, sobra la jerga técnica que te ponen enfrente para bloquearte, Odyssey cayó en la trampa, se puso a trabajar para mejorar su Manifestación de Impacto Ambiental pues la autoridad hizo observaciones, dudas y preguntas, para ese momentos eran cientos de millones los que habían gastado, entre estudios y el pago de la concesión a la Secretaría de Economía. En 2018 Don Diego fue presentado nuevamente y nuevamente recibieron un no como respuesta, los argumentos, ahora más claros, aludían a que la extracción de fosfato del lecho marino es una actividad poco conocida en el mundo y que México no sería escenario para experimentar a costa de la naturaleza, eso evidentemente ya lo sabía el Gobierno federal antes de vender una concesión minera ¡submarina!

Aquí está el caso de Don Diego, Odyssey Exploration tiene experiencia en dos cosas, dragar el fondo marino para encontrar tesoros y pelear ante tribunales internacionales. Ahora acude a una Corte de Arbitraje Internacional peleando 72 mil 240 millones de pesos, por el dinero invertido y el engaño del Gobierno federal que te concesiona pero no te permite hacer uso de la concesión, sí ganara sentaría un precedente y decenas de mineras canadienses y de EU podrían seguir sus pasos, empresas que en otras administraciones y en la actual han sido igualmente engañadas.