La crisis del sistema de salud en México enfrenta hoy no sólo la contracción del gasto per cápita, sino los efectos de una pandemia mundial en descontrol y el cambio de reglas para la compra de medicamentos que pone en jaque a la industria farmacéutica nacional.
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De pronósticos reservados lo que se viene a raíz de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que hace posible la compra sin licitación de insumos médicos en el extranjero, y el anuncio al mismo tiempo del Presidente de la firma de un acuerdo con la ONU para la adquisición de medicamentos, vacunas y equipos médicos.
De entrada, el Ejecutivo federal hizo oficial la conformación de una nueva empresa pública, es decir una paraestatal, que se encargará de la distribución de todos estos productos a partir del 15 de agosto, ¡es decir ya! Y hasta nombró al titular de dicha dependencia futura, David León, quien hasta el viernes pasado fungía como coordinador nacional de Protección Civil.
Las compras se harán en el extranjero en base a un análisis de mercado de Naciones Unidas y una vez concretada, los insumos serán enviados a México para su distribución a todos los centros de salud en el país a través de la nueva paraestatal.
Lo poco que se ha explicado hasta el momento es que serán compras consolidadas de todas las dependencias federales y estatales que se adhirieron a este pacto, incluyendo la vacuna que se autorice para Covid-19 en su momento.
Punto y aparte es necesario retomar que la Secretaría de Salud en Sonora también anunció el pasado mes de abril que la compra de insumos, materiales y medicamentos para atender la pandemia se realizaría de forma directa a proveedores y fabricantes sin licitación pública, bajo el fundamento de calidad e inmediatez. Decisión avalada por la Contraloría estatal.
En fin, que las próximas semanas veremos desatarse una nueva polémica al abrirse con esta decisión del gobierno federal dos nuevos frentes: uno con empresarios farmacéuticos nacionales; y otro con el tema del control absoluto del Estado en la compra y distribución.
De inmediato el primero que reaccionó fue el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló que ante la creación de una paraestatal para la distribución de medicamentos estaríamos ante la primera estatización del sexenio de un sector productivo.
Cierto que no es difícil entender las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando refiere la necesidad de “quebrar el monopolio de empresas que tenían el control en México, con precios elevados, mala calidad y desabasto”.
La opacidad en compras y licitaciones que caracteriza al sistema político mexicano otorgan el beneficio de la duda en cuanto a intenciones de transparencia se refiere, pero también respecto a la voluntad expresa ya en varios temas de asumir el control como gobierno en cuanto sea posible.
Casualmente en días pasados el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un reporte sobre el combate al Covid-19, concluyó que en medio de la pandemia nuestro país enfrenta un grave problema de desabasto de medicamentos, acentuado precisamente por los cambios de reglas en compras y licitaciones en el último año.
Pero sobre todo es inadmisible que la inversión en salud se haya contraído año con año en vez de incrementarse. En el 2002 el gasto en salud apenas rebasaba el 2% del PIB en México; entre altas y bajas en el 2013 llegó a representar el 3.01% del PIB, pero en los últimos siete años decreció al 2.77%. Organismos nacionales e internacionales coinciden en que el mínimo aceptable debiera ser el doble.
Recordemos que en el último año también desapareció el Seguro Popular y su sustitución por el Insabi ha sido un camino sobre piedras que no termina de ser claro; de hecho, nadie sabe cómo funciona aún sin reglas de operación.
“Se eliminan todo tipo de cuotas para acceder a los servicios universales de salud y además se amplía el cuadro de enfermedades e incluye los medicamentos necesarios de manera gratuita”, promulga el presidente López Obrador en cada oportunidad que tiene, pero la realidad está aún lejos de eso.
Hace un par de años México era el segundo país de la OCDE con el más alto gasto de bolsillo en salud, es decir el gasto que las familias mexicanas erogan por este concepto, mientras que el presupuesto de la Secretaría de Salud decrecía más del 20% en términos reales desde 2012. Hoy no hemos mejorado esas cifras.
Para darnos una idea en marzo de 2019 un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dio a conocer que mientras los socios de la OCDE invierten mil 840 pesos por persona en prevención y control de enfermedades, en México el gasto per cápita más alto (Issste) apenas llega a los 390 pesos.
En conclusión, con un presupuesto decreciente, sin reglas claras y reformando leyes según la necesidad del momento en plena contingencia será una odisea para el gobierno superar la crisis sanitaria y más si no busca consensos; pero para millones de familias mexicanas sigue siendo un viacrucis sobrevivir mientras la salud siga siendo un negocio más para muchos de los implicados.
