Las leyes electorales, para el registro de candidatos, terminan por ser burladas, al llegar personas con antecedentes penales a cargos de elección popular.
El reciente caso del presidente municipal de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detenido por autoridades de Estados Unidos al utilizar un pasaporte con nombre falso y por contar con antecedentes penales en ese país, nos debe servir para una profunda reflexión.
Hechos como ese y el del presidente electo de Fronteras, Arturo Reyes Trujillo, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), detenido en septiembre de 2012, días antes de tomar posesión, por presuntos vínculos con el narcotráfico, son al menos de los dos casos más visibles ocurridos en los últimos tiempos en Sonora.
Tales acontecimientos deben llevar a analizar las leyes y los requisitos que exigen las autoridades con el propósito de que haya más rigor en el registro de candidatos.
Eso con el fin de garantizar a los ciudadanos de que realmente lleguen a los puestos públicos, como en este caso a las alcaldías, personas de comprobada probidad, intachables, honestas, que no tengan antecedentes penales.
Los penosos hechos, como la detención de un presidente municipal, nos deben avergonzar, porque son ejemplo de la descomposición política –sobre todo– y social, a la que hemos llegado por la falta de valores de quienes pretenden representar a los ciudadanos y obtienen, mediante artimañas, el registro como candidatos, burlando las leyes y a las propias autoridades.
El análisis de la situación nos debe llevar a pensar, como primer punto, en la porosidad de las leyes que rigen en los procesos electorales, en la selección y registro de candidatos, hasta en las elecciones constitucionales, donde terminan engañando a los ciudadanos que acuden de buena fe a emitir su voto en las urnas.
Y como punto número dos, a enfocarnos en el sistema de partidos que no realizan bien su trabajo al momento de seleccionar a sus candidatos sobre todo cuando se supone que deben escoger a los mejores hombres y mujeres para presentar su mejor oferta política y convencer a los ciudadanos para que los favorezcan con el voto.
La falta de respeto al electorado es un tercer punto que se exhibe cuando alguno de esos funcionarios ya electos, que debieran de distinguirse por una conducta intachable, son detenidos por algún delito y tienen que rendir cuentas ante la justicia.
Las consecuencias tan negativas para la vida pública y sobre todo para los ciudadanos de esos municipios terminan siendo determinantes, cuando se da a conocer un escándalo en donde un servidor público es detenido.
Se perdió todo el sentido de honestidad al interior de los partidos, en donde la ausencia de valores, en general, de los militantes –no todos, por fortuna hay honrosas excepciones– es cada vez más mayor, como lo refleja ese tipo de noticias tal como la aprehensión de un funcionario.
La descomposición a la que se ha llegado en todos los niveles de Gobierno es tan evidente que antes era vergonzoso para un servidor público ser señalado como corrupto o por hacer mal uso de los recursos públicos. Hoy hasta presumen y son vistos como héroes por algunos de sus seguidores.
La detención del presidente municipal de Bácum, Rogelio Aboyte, debe ser una alerta para el nuevo Gobierno de Morena y la llamada Cuarta Transformación.
Porque la gran pregunta que nos lleva a hacernos es: ¿Cuántos alcaldes como el de Bácum están hoy en las filas de Morena, también en otros partidos?
El llamado debe ser claro y fuerte a los partidos para que realicen bien su trabajo y no salir con el clásico deslinde de “no defenderemos acciones ilegales” como sucedió esta vez con Morena. Porque al final no se debe permitir que los aspirantes a puestos de elección terminen burlándose de los ciudadanos y de la sociedad en general.
David Figueroa Ortega es empresario, ex cónsul de México en Los Ángeles y San José, California; ex diputado federal; ex alcalde de Agua Prieta; ex dirigente del PAN en Sonora.
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