La decisión del Presidente de México de impulsar una ley para prohibir la subcontratación va a poner en peligro no sólo nuestra relación especial con Estados Unidos, sino también siete millones de puestos de trabajo.
Imposible saber si los asesores del mandatario se atreven a adelantarle las implicaciones reales que va a tener para México la aprobación a ciegas de la reforma. Una consecuencia brutal y casi de sentido común: la aprobación de la ley del outsourcing va a hacer tan difícil que las grandes empresas de Estados Unidos puedan operar en nuestro país que seguramente saldrán y recortarán empleos.
En México, la población ocupada de manera formal y afiliada al IMSS es, más o menos, de 23 millones de personas.
Más de 30 millones de personas trabajan en la informalidad, en condiciones que en muchos casos están por debajo del nivel de la pobreza y que no permiten el avance ni de los trabajadores, ni de las empresas, ni del país.
Estados Unidos, al igual que México, se encuentra en una situación crítica provocada por la pandemia y las consecuencias económicas de la misma. En sus primeros días en el puesto, el presidente Joe Biden ha dejado en claro su voluntad de fortalecer a la clase trabajadora de su país.
Pero Estados Unidos está en una situación dramática, y México, en el marco del T-MEC, depende de las grandes compañías norteamericanas para generar una enorme bolsa de empleo.
La aprobación de la reforma implica grandes obstáculos para el proyecto de reactivación e inversión económica de la administración de Biden, en un contexto global en donde China sigue ganando terreno y en el que una parte considerable de la recuperación de Estados Unidos dependerá de sus inversiones en México.
Una inversión que ha traído riqueza al país y que es fruto de 30 años de política bilateral sólida.
Eliminar la subcontratación añadirá nuevas tensiones políticas y económicas a las ya malas relaciones entre México y Estados Unidos por el incumplimiento de acuerdos en materia energética y por el trato discriminatorio de la cuatroté hacia las empresas extranjeras.
Además, la aprobación de esta reforma representará una violación directa del T-MEC, que establece que no se harán cambios a la legislación laboral en México que afecten a la operación de empresas de los Estados miembros del Tratado.
La aprobación de la reforma de ley incrementará sus costos y hará inviable que puedan tener sus fábricas operando aquí. México vende 50 mil millones de pesos en vehículos de transporte hacia Estados Unidos cada año, 30 mil millones de autopartes, 29 mil 700 millones en maquinaria tecnológica….
Empresas como Amazon, American Express, Coca-Cola, Costco, DHL, Pepsico, Exxon, Fedex, Ford, General Electric, General Motors, Philips, Chrysler, Honeywell, e Intel, entre muchas más, se pueden ver directamente afectadas.
La reforma del Presidente violenta las cláusulas comerciales y laborales, nos dará en el Norte más fama de incertidumbre jurídica y muchas empresas simplemente se despedirán.
Además, no esperemos que las empresas de EU se queden con los brazos cruzados. Si complicamos su presencia en el país, y su operación se vuelve inviable, buscarán otros destinos donde ubicar sus fábricas. La tentación de devolver los empleos a estados como Michigan, por ejemplo, es clara.
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Es una señal equivocada de política exterior violentar la relación con Estados Unidos aprobar una reforma laboral que puede afectar directamente a la inversión del país en México. Según A.T. Kearney, Estados Unidos y Canadá son los dos países que más invierten de manera directa en México. ¿Qué sentido tiene poner en peligro nuestra relación por un capricho?
