Al ritmo característico de los días decembrinos, habría que sumarle las particularidades del 2020.
Si en lo que conocíamos como “normalidad” muchos temas se esfumaban y se aprovechaba para que otros no fueran percibidos, este qué pasó no fue la excepción.
Poco se notó la inconformidad expresada por los constructores organizados en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por los términos en que salieron a concurso las obras que forman parte de lo que es, por mucho, uno de los paquetes más importantes para ejecutar en Sonora.
La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es la dependencia que contratará un total de 6 paquetes de obras, uno en Naco, otro en Agua Prieta, dos en Hermosillo y otros dos para las comunidades yaquis.
Los términos en que se plantea el concurso de los paquetes, ha despertado muchas sospechas especialmente de constructores locales que temen haya simulación y dedicatoria hacia las grandes empresas del centro del país contra las que difícilmente pueden competir porque su capacidad sin duda existe para la realización de las obras pero no para los paquetes que contemplan las convocatorias.
La convocatoria la lanzó Sedatu el 23 de diciembre para que las propuestas se entreguen el 13 de enero para las dos primeros paquetes y el 18 de este mismo mes en lo que respecta a las de Hermosillo. Los de las comunidades yaquis salieron a concurso el 29 de diciembre para que se entreguen las propuestas ya el 19 de enero.
En estos casos no sólo la época en que salen las convocatorias sino los términos de las mismas y los plazos, corren en contra de los constructores locales. Son paquetes que incluyen muchas obras; por ejemplo el E 1476 es para la construcción de la Casa de Salud Comunitaria con acceso a agua potable, de polideportivo (con cancha de futbol, basquetbol techada y trotapista) y renovación integral de la Guardia Tradicional Yaqui del pueblo de Huírivis; lo mismo para el pueblo de Rahum, y de Vícam, de Pótam. En este ultimo además se considera la construcción de espacio público con cancha de usos múltiples y de cooperativa pesquera.
Si bien es cierto por razones de la contingencia sanitaria fueron suspendidos procedimientos importantes para la elaboración de una propuesta, como lo es la visita de obra, se les pide a los interesados acudir a la CDMX para recibir el proyecto sin importar que ésta se encuentre en semáforo rojo.
Pero para los constructores locales hay otro aspecto que corre aún más en contra y es que las compañías interesadas en hacer las obras tengan en su currículum haber ejecutado por lo menos tres contratos de 50 mdp (sin IVA) o más, en los últimos cinco años lo cual en una economía como la sonorense, eso es muy difícil y nos lleva a cuestionar el real impulso que se puede dar así al desarrollo regional; las ganadoras pueden ser entonces las grandes empresas del centro del país... a menos por supuesto, que eso sea lo que se busca pero es ir en contra de la política de la 4T que busca que el pastel quede repartido en más empresas.
Por otra parte se pide que las propuestas se hagan a precio alzado que implica para quienes concursan mucho más tiempo en la elaboración de sus paquetes que si fuera bajo el concepto de precios unitarios donde la autoridad entrega el catálogo junto con el proyecto ejecutivo final.
Ante ese panorama algunos empresarios interesados en concursar y al ver lo injusto que pueden resultar esos términos de la convocatoria, no descartan la posibilidad de ampararse para conseguir más tiempo que les permita presentar sus propuestas o bien, que se flexibilicen las exigencias de las convocatorias.
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Datos del Observatorio de la CMIC, refieren que al 30 de noviembre de 2020 Sedatu tenía un poco más de la mitad de avance financiero en sus programas de mejoramiento urbano para los que se destinó un presupuesto de 5,813 mdp y para tal fecha sólo se había aplicado 3,377 mdp que es el 58% de los autorizado este 2020 y del 44.56% si comparamos el total de la inversión autorizada en 2019 y 2020.
¿Le ganaron los tiempos a la Sedatu? ¿Se puede interpretar esto como incapacidad? ¿Propicia la opacidad en la aplicación de los recursos públicos?
