Cuando se piensa en el trabajo del sector cultural, malamente pensamos en privilegio. Tenemos la idea de que quienes laboran en la cultura, o son artistas, son parte de una elite en la que se va el dinero público, pero la realidad no se acerca ni remotamente a eso. La pandemia del coronavirus está evidenciando la gran precariedad laboral, el subempleo y la informalidad del sector cultural.
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Recientemente músicos de Hermosillo se han manifestado en las calles porque las actuales medidas de distanciamientos social han provocado que no puedan trabajar. Al igual que ellos, actores de teatro y bailarines han dejado de presentarse o de desarrollar las actividades de las cuales obtienen sus ingresos. A todo lo anterior se le suma el poco desarrollo de la industria creativa en Sonora y por lo mismo de la formalidad de los trabajos en el sector cultural, lo que conlleva a que un artista, si no trabaja en una institución de gobierno, en una universidad o en una de las pocas empresas culturales formales, prácticamente es un trabajador informal que vive al día y que en estos momentos está completamente desprotegido.
Podrán decir que Conaculta, el aparato de cultura del Estado, es de los más grandes de Latinoamérica pero aun así, su forma de operar a través de becas ha creado una dinámica en la cual muchos artistas, promotores culturales y trabajadores de este sector no cuenten con Seguro Social y menos pensiones, tal y como las trabajadoras domésticas se encontraban antes de que en el 2019 se reformara la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social para incluir esta actividad y garantizar los derechos laborales básicos a quienes vivan de esta actividad económica. Sí, está leyendo bien, los artistas y trabajadores de la cultura tienen empleos más precarios que cualquier trabajador del hogar.
A todo esto, tenemos que incluir que la industria del espectáculo acapara la mayor parte del dinero público destinado a festivales culturales, muchas veces en gastos de representación que ni siquiera llegan a los artistas, técnicos o trabajadores culturales. Este esquema de negocio afecta más a los artistas locales, quienes, sin contar con representantes, siempre son los últimos en la fila al momento de ser contratados para un festival, así como para recibir sus honorarios.
La crisis económica que genera la pandemia y afecta con fuerza al sector cultural debe aprovecharse para impulsar leyes, reglamentos y una normatividad que proteja a quienes se dedican al arte y la cultura. De entrada, se necesita una reforma a la Ley Federal del Trabajo para incluir a quienes se dedican a la actividad artística y cultural como trabajadores con derecho al Seguro Social y a una pensión digna. Pero también reglamentos que hagan que en los festivales culturales se le dé prioridad a los artistas locales, así como garantizando un mínimo de participación del 50% del presupuesto del festival, para que de esta manera el dinero público se quede en los municipios y no se lo lleven los representantes de la industria del espectáculo. Si con esta pandemia el sector cultural no se organiza para exigir sus derechos laborales y salir tanto de la precariedad como de la informalidad; la próxima pandemia o situación extrema, será aún peor que la que se vive actualmente.
