Según el estudio de Alejandro Celis y Darío Nava titulado Patología de la pobreza publicado desde 1970 en la Revista del Hospital General de México, las enfermedades de la pobreza continúan y son las que generan una alta mortalidad en este sector de la población, tales como diarreas, desnutrición, neumonías o diabetes. Este dato contrasta con quienes tienen posibilidades de una mejor calidad de vida y de atenderse por otros medios, como es el caso de pacientes que recurren a la medicina privada o que se pueden pagar un seguro de vida.
Los desniveles de atención médica en México son graves entre la medicina pública y privada, y se dan aun entre quienes tienen acceso a los servicios de salud por su condición de contar con un empleo formal, es decir, los asegurados por la medicina pública frente a quienes están en el desamparo y son atendidos por los servicios para la población abierta.
Una de las causas importantes, entre otras, estriba en que el Gobierno invierte muy poco en salud: 2.8% del PIB en gasto público, como consecuencia se genera que la proporción de gasto de bolsillo sea de un 45% de su ingreso y que el sistema opere con un enorme déficit de personal. El nivel socioeconómico influye considerablemente en la salud de una población, sobre todo para las nuevas generaciones.
Los sectores más desprotegidos y pobres son los que han aportado más de 84% de los decesos por Covid. Incluso en los Estados Unidos, 76% de los pacientes con necesidad de intubación no llegaron al hospital, y 50% han muerto sin diagnóstico en vida por probable Covid por falta de pruebas.
Según Hernández Bringas, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, a partir de información de certificados de defunción en México: 70% tienen escolaridad de primaria o inferior; y 30% de las defunciones lo explican los no remunerados, los jubilados, los pensionados, las amas de casa y los estudiantes.
En los hospitales del Sector Salud han ocurrido 40% del total de las defunciones. Esto tiene que ver con un mal estado de salud preexistente y a su vez con el escaso acceso a servicios de salud de calidad, pero además refleja a los sectores que han tenido que seguir saliendo a trabajar en la contingencia por necesidad económica.
Ante ello, el discurso oficial del Gobierno sobre la pandemia ha sido contradictorio y confuso, y en el mejor de los casos ha tendido a enfocarse en la escasez de recursos y en la protección de libertades civiles, por ejemplo, las medidas de distanciamiento. Del mismo modo, los mensajes contradictorios sobre el uso masivo del cubrebocas, o las medidas de contención que han sido muy relativas, y la eliminación de la jornada de sana distancia en el pico de la pandemia.
Tampoco se han establecido programas integrales de apoyo a los que tienen que salir a la calle a trabajar para que puedan permanecer en casa, quedarse en casa para las mujeres representa en muchos casos un riesgo.
Ante un sistema sanitario insuficiente y pauperizado, la tendencia obvia será olvidarse de quienes pueden ser presa fácil de contagios y cuya pérdida nos importe poco. Rescatando lo mejor de tales pronunciamientos, es decir, la insistencia en las medidas de aislamiento y contención, desde el punto de vista ético reflejan un imaginario establecido de desastre que orienta la respuesta por el camino del utilitarismo y de la autonomía.
La vacuna contra la Covid promete ser una solución, pero desde la ética del cuidado y la solidaridad estará el reto de investigar y distribuirla con justicia y equidad, comenzando por los sectores más vulnerables y los trabajadores de la salud, evitando caer en la trampa de la comercialización de un producto más de la industria farmacéutica.
La salud es una valiosa meta para individuos y comunidades. Hay buenas razones para mejorarla: es un medio para que los individuos disfruten vidas florecientes y productivas; una población más sana es crucial para la economía de un país.
