La falta de medicamentos en las unidades públicas de atención a la salud limita las opciones terapéuticas de los médicos, pone en riesgo la salud de los pacientes e impone a los usuarios y a sus familias cargas financieras que pueden llegar a ser catastróficas o empobrecedoras. Además genera insatisfacción y pérdida de confianza en los servicios de salud. ¿Cierto?
En México, la historia del uso de los medicamentos esenciales data de 1950, fecha en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) crea su primera lista de medicamentos básicos. La Ley del Seguro Social establece en su artículo 56 que el asegurado tiene derecho a la prestación médica y farmacéutica.
Veinticinco años después, en 1975, se publicó el Acuerdo Presidencial que establece que todas las instituciones públicas de salud deben contar con un Cuadro Básico de Medicamentos de uso obligatorio. Sin embargo, no es sino hasta 1977 cuando se publica el primer cuadro básico de carácter sectorial. Sus objetivos fueron: racionalizar el uso de medicamentos; impulsar el desarrollo de la industria farmacéutica nacional; mejorar el abasto de materias primas farmacológicas, y garantizar el acceso de todo el sector público de la salud a los medicamentos esenciales.
Posteriormente, en 1983, también por Acuerdo Presidencial y con el fin explícito de racionalizar la adquisición, utilización y distribución de los insumos que se requieren para la prestación de los servicios de salud, se instituyó el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud (CBI). Para el 2007 Secretaría de Salud implementó un conjunto de medidas para obtener mejores precios, garantizar la información sobre la adquisición, estimular compras consolidadas, mejorar los procesos de almacenamiento y distribución, optimizar el manejo de inventarios y perfeccionar la prescripción de recetas.
La polémica que surgió en días pasados por los antirretrovirales y su desabasto llevaron a tomar acciones hasta de enviar al canciller Ebrard a conseguir estos mismos. La licitación y compra de estos medicamentos anteriormente era responsabilidad del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), pero ahora, por mandato del Presidente, el proceso depende de Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El nuevo proceso consiste en hacer la compra de medicamento en dos partes: primero se adquirirá el 20% de éstas y meses después el 80% restante, como una medida para evitar la corrupción. De acuerdo con Organizaciones Civiles de VIH Sida, esta modalidad está provocando un desabasto de medicina a nivel nacional, toda vez que la administración federal no ha finalizado aún la licitación para elegir a los proveedores y adquirir el 20% del abasto total. A consecuencia de una “mala planeación” en los tiempos de contratación alrededor de 4 mil 500 pacientes con VIH Sida se quedarán sin retrovirales a partir del segundo trimestre del año. Error de planeación ¿llevan la cuenta? Yo también.
Dr. César Álvarez Pacheco
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Huatabampo, Sonora.
