/ martes 5 de octubre de 2021

Salud y bienestar | ¿Regresar o no regresar a trabajar?

La magnitud del impacto causado por Covid-19 en la salud y la economía del país hace indispensable la implementación de políticas públicas que distribuyan en forma justa el costo y los daños. La nueva legislatura en Sonora tiene una oportunidad de oro dada las condiciones de las últimas legislaturas tan grises que hemos padecido y el pobre nivel que han manejado los legisladores en turno ¿Qué esperar de los diputados?

Y es que hay mucho por hacer en el Estado y que lo primero que tienen que hacer es identificar un problema, ¿se le ocurre alguno? tenemos de dónde elegir. Sin embargo, algo que nos aqueja es el regreso aún a las labores cotidianas dada la gravedad de la pandemia que sigue cobrando vidas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?

Está pobremente definido a nivel escolar, laboral y empresarial. Durante la pandemia de Covid-19 ha sido necesario anteponer los intereses de la comunidad a los intereses individuales; sin dejar de lado el bien público del respeto a la autonomía individual, se requiere identificar cuándo debe inclinarse la balanza hacia los intereses colectivos, en este caso en lo relacionado con la salud pública.

Las condiciones de aislamiento de los trabajadores formales que llevaron a detener la economía aún subsisten (los informales no tuvieron la oportunidad de confinarse). Por tal motivo, es necesario contar con criterios que minimicen los riesgos en el retorno al trabajo.

Establecer criterios para identificar las condiciones de vulnerabilidad para desarrollar Covid grave; esto permite actuar de manera más responsable, más allá de sólo mantener en aislamiento a los trabajadores con alguna de estas condiciones. Estos criterios podrían aplicarse a todos los trabajadores, aunque hay consideraciones especiales para aquéllos del área de la salud que enfrentan riesgos adicionales de contagio y que tienen la imposibilidad de trabajar a distancia (así como sucede con otro tipo de trabajadores, por ejemplo, un administrativo).

Se reconoce el riesgo de adoptar una política discriminatoria en la que tener una condición de riesgo equivaldría a tener una incapacidad para trabajar pero ¡ojo! No es lo mismo. Es muy pertinente esta reflexión, pero la propuesta se justifica porque hay elementos para sustentarla.

En situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, se implementan medidas que no serían contempladas en situaciones de normalidad. Sin embargo, hay que considerar varias preguntas: ¿estamos hablando de permitir el retorno porque los trabajadores necesitan el trabajo para subsistir?, ¿porque desean retomar sus actividades y su vida anterior?, ¿o porque las empresas los necesitan? Un trabajador que no corre tanto riesgo ¿está obligado a regresar, aunque se sienta temeroso y le preocupe contagiar a sus familiares más vulnerables? Si se establece que un trabajador no puede regresar debido a sus condiciones de alto riesgo ¿está obligado a no hacerlo?

Al considerar estas preguntas, un elemento determinante es si los trabajadores de alto riesgo que no deben regresar tendrán el respaldo económico para subsistir dignamente, ellos y sus familias. Si no, estaríamos ante un problema ético y es preocupante que vivamos en un país que no pueda ofrecer estas condiciones.

Por otra parte, un trabajador que no regresa debería seguir recomendaciones precisas y ser evaluado en un plazo razonable para saber si disminuyó su riesgo. Es necesario reflexionar sobre los problemas de justicia social que ya existían y que se ven agravados en esta pandemia: la desigualdad económica y la presencia de un alto índice de enfermedades prevenibles en gran parte de la población.

Ojalá continúe la reflexión y la discusión sobre temas de salud pública y justicia, pues además de llevarnos a una sociedad más justa, éstas nos permiten estar mejor preparados para prevenir, en el mejor de los casos, y resolver situaciones similares a las que ahora enfrentamos.


La magnitud del impacto causado por Covid-19 en la salud y la economía del país hace indispensable la implementación de políticas públicas que distribuyan en forma justa el costo y los daños. La nueva legislatura en Sonora tiene una oportunidad de oro dada las condiciones de las últimas legislaturas tan grises que hemos padecido y el pobre nivel que han manejado los legisladores en turno ¿Qué esperar de los diputados?

Y es que hay mucho por hacer en el Estado y que lo primero que tienen que hacer es identificar un problema, ¿se le ocurre alguno? tenemos de dónde elegir. Sin embargo, algo que nos aqueja es el regreso aún a las labores cotidianas dada la gravedad de la pandemia que sigue cobrando vidas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?

Está pobremente definido a nivel escolar, laboral y empresarial. Durante la pandemia de Covid-19 ha sido necesario anteponer los intereses de la comunidad a los intereses individuales; sin dejar de lado el bien público del respeto a la autonomía individual, se requiere identificar cuándo debe inclinarse la balanza hacia los intereses colectivos, en este caso en lo relacionado con la salud pública.

Las condiciones de aislamiento de los trabajadores formales que llevaron a detener la economía aún subsisten (los informales no tuvieron la oportunidad de confinarse). Por tal motivo, es necesario contar con criterios que minimicen los riesgos en el retorno al trabajo.

Establecer criterios para identificar las condiciones de vulnerabilidad para desarrollar Covid grave; esto permite actuar de manera más responsable, más allá de sólo mantener en aislamiento a los trabajadores con alguna de estas condiciones. Estos criterios podrían aplicarse a todos los trabajadores, aunque hay consideraciones especiales para aquéllos del área de la salud que enfrentan riesgos adicionales de contagio y que tienen la imposibilidad de trabajar a distancia (así como sucede con otro tipo de trabajadores, por ejemplo, un administrativo).

Se reconoce el riesgo de adoptar una política discriminatoria en la que tener una condición de riesgo equivaldría a tener una incapacidad para trabajar pero ¡ojo! No es lo mismo. Es muy pertinente esta reflexión, pero la propuesta se justifica porque hay elementos para sustentarla.

En situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, se implementan medidas que no serían contempladas en situaciones de normalidad. Sin embargo, hay que considerar varias preguntas: ¿estamos hablando de permitir el retorno porque los trabajadores necesitan el trabajo para subsistir?, ¿porque desean retomar sus actividades y su vida anterior?, ¿o porque las empresas los necesitan? Un trabajador que no corre tanto riesgo ¿está obligado a regresar, aunque se sienta temeroso y le preocupe contagiar a sus familiares más vulnerables? Si se establece que un trabajador no puede regresar debido a sus condiciones de alto riesgo ¿está obligado a no hacerlo?

Al considerar estas preguntas, un elemento determinante es si los trabajadores de alto riesgo que no deben regresar tendrán el respaldo económico para subsistir dignamente, ellos y sus familias. Si no, estaríamos ante un problema ético y es preocupante que vivamos en un país que no pueda ofrecer estas condiciones.

Por otra parte, un trabajador que no regresa debería seguir recomendaciones precisas y ser evaluado en un plazo razonable para saber si disminuyó su riesgo. Es necesario reflexionar sobre los problemas de justicia social que ya existían y que se ven agravados en esta pandemia: la desigualdad económica y la presencia de un alto índice de enfermedades prevenibles en gran parte de la población.

Ojalá continúe la reflexión y la discusión sobre temas de salud pública y justicia, pues además de llevarnos a una sociedad más justa, éstas nos permiten estar mejor preparados para prevenir, en el mejor de los casos, y resolver situaciones similares a las que ahora enfrentamos.