No es la corrupción, sino la impunidad el cáncer social más peligroso para las naciones como la nuestra. La corrupción nos enoja, pero la impunidad nos desilusiona.
Y es la desilusión, en una sociedad bombardeada a diario por noticias donde se evidencian actos de corrupción que no tienen castigao, la motivadora de la desconfianza de las y los ciudadanos en las instituciones que gobiernan.
Como repercusión, algunos integrantes de la comunidad encuentran con ello una justificación para sus malas conductas y aprovechan las circunstancias de prácticas ilegales que no son castigadas.
Si a esta clase de conductas le abonamos la complacencia de las instituciones gubernamentales, la falta de un marco jurídico y el desinterés de los diputados por ordenarlo, tenemos el desastre que hoy vivimos.
Por los años que lleva México viviendo esta clase de situaciones, no es de extrañarse en lo más mínimo la aparición de posturas polarizadas; es decir, en el extremo de quienes defienden las prácticas y de quienes las señalan.
Esa polarización social se incrementa cuando interviene la política, y al final termina ésta manipulándola sin que la mayoría de las personas se den cuenta de ello.
Y en cada ejemplo que se use para exponer las malas conductas que se mencionaban anteriormente, siempre existirá el contenido político como parte vinculante del destino o de las consecuencias que pudieran acarrear.
Por todos es sabido, por ejemplo, que el uso de vehículos de procedencia extranjera sin importar oficialmente en México no es una práctica permitida, sin embargo se permite, y el nacimiento de las organizaciones “en defensa del patrimonio familiar” solo han servido en realidad para el enriquecimiento de pocas familias que aprovecharon el momento y esos vacíos tan interesantes en las leyes, amén del clientelismo político aprovechable que representa.
Ahora las autoridades municipales se enfrentan a un desafío mayor con las organizaciones “pro vivienda del patrimonio familiar”, destinadas a la invasión de casas abandonadas a cambio de una módica cantidad mensual para defensa jurídica.
Estas organizaciones se aprovechan de la ignorancia –algunos no tan ignorantes– y de la necesidad de la familias que no tienen oportunidad de acceder a un crédito para la adquisición de una vivienda o un lote de terreno, y buscan de entre las 5 o 6 mil casas abandonadas en Hermosillo para ubicar a esa familia, dándole la garantía de que no serán molestados por ninguna autoridad mientras le paguen a la organización una módica cuota mensual, porque en caso necesario ésta los defenderá legalmente ante los verdaderos propietarios e incluso de la autoridad.
Las casapafas ya son una realidad en Hermosillo y las autoridades no pueden hacer nada en consideración a lo laxo de la Ley en este sentido. Pero, si aquí en Sonora podemos referenciar la abulia legislativa del Congreso estatal en la materia, es más absurdo que el Congreso morenista en la Ciudad de México estudie una ley que incluya un artículo de protección para evitar desalojos a aquellas personas que no paguen sus arrendamientos, con el pretexto de defender sus derechos humanos.
La cuarta transformación llegó para quedarse estos seis años, lo que no sabemos es en qué clase de país nos vamos a transformar.
