Muchos no alcanzamos a comprender cómo funciona la justicia en nuestro país. No es fácil hacerlo, la verdad, porque para empezar ni siquiera el intento de tal comprensión sería necesario si es que aquélla se diera.
Reflexione un poco acerca de eso y verá que es cierto. Si la justicia fuera completamente ciega, es decir, si no existiera discriminación para alcanzarla, podríamos hablar de una normalización de la justicia y, por qué no, de una propiedad social. En otras palabras, a nadie le extrañaría el que la Justicia se lograra.
Pero esto no es así.
La Justicia implica la irrestricta aplicación de la Ley, porque ésta es la razón sin deseo, como dijo alguna vez Aristóteles, quien también sentenció: Si quieres hacer de tu hijo un buen ser humano, hazlo miembro de una ciudad (polis) de buenas leyes. Sin embargo, no todas las leyes y normas se adecuan a la justicia. Y ése es precisamente el problema, además de que su aplicación no es equitativa.
Los casos públicos de corrupción en México y la forma como son manejados por las instituciones de procuración de justicia, se convierten en los ejemplos clásicos de todo lo anterior.
¿Por qué algunos políticos acusados de delitos pueden llevar su juicio en libertad mientras que una mujer indígena que pagó con un billete falso recibe todo el peso de la Ley y la imposibilidad de salir bajo fianza?
Si bien la procuración de la justicia ya fallaba desde antes, con la llegada de la cuarta transformación el asunto se vislumbra más complejo, porque no solo no se perseguirá a quienes atenten contra la civilidad sino que además, como lo aseguró el presidente López Obrador, no se perseguirán los delitos cometidos por políticos antes del 1 de diciembre.
La verdad es que le estamos enviando un pésimo mensaje a las generaciones venideras y al mundo en general. La impunidad seguirá provocando corrupción y ese axioma no contribuye en nada a la convivencia social.
No estamos a la altura educativa de otros países como para comprender ni la amnistía a los criminales ni la persecución de los delitos, mucho menos a la altura religiosa como para otorgar el perdón a alguien. Esa es una vil ocurrencia, pura parafernalia.
Se requiere sin duda trabajar muchísimo para mejorar las condiciones normativas y jurídicas que regulen el comportamiento de los servidores públicos. La enseñanza o invocación a la ética pública no funcionarán por sí solas, mucho menos todos los cursos sobre integridad en el servicio público que se quieran impartir.
Aquí estamos hablando de valores y principios que emanan de la familia, no de la sociedad, y verlo a la inversa seguirá siendo una práctica fallida. El impulso debe ser en la familia y la práctica debe comenzar en casa. ¿Alguna vez ha intentado usted enderezar un árbol ya crecido?
De no tomar en serio este asunto, los gobiernos jamás asegurarán ni una verdadera justicia basada en la legalidad, ni equidad sustentada en la igualdad democrática. Si no me cree, que no le extrañe entonces que después debamos pedir disculpas a los delincuentes… ¿O ya lo hacemos?
