Son muchos los temas que no se discuten abiertamente en pro de la búsqueda de acuerdos que fomenten la convivencia y comunidad dentro de una sociedad, y esto es así porque no hay una coordinación y porque falta tolerancia a las opiniones de los demás.
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No existe un ente público que se encargue de hacerlo, por ejemplo, y los que creen representar a la mayoría consideran innecesaria tomar en cuenta otros puntos de vista, y tienden a acallarlos o a ridiculizarlos, mientras que quienes desean ser escuchados (violencia aparte) alzan la voz e insisten en sus posturas, aunque se reconocen como minoría.
Sí se discuten por lo regular en privado durante los debates de café o en reuniones y también de manera ocasional en público a través de las redes sociales; pero al final no se generan acuerdos satisfactorios para todos.
Lo cierto es que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y, en el ánimo de la civilidad se deben respetar todas y cada una, sin olvidar jamás que deben tener un mínimo de justicia para que sean respetables.
En la agenda político social de nuestra sociedad sonorense tuvo prioridad el debate por el uso de popotes sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad, y es atendida más rápido una queja por el mal uso de popotes que una responsabilidad por mal uso de recursos públicos. Pero eso no debería de sorprendernos, porque es lo que hemos construido. Todos tenemos responsabilidad en los asuntos sociales.
Ante una situación irregular, hay quienes callan por el simple hecho de “no tener problemas”, pero después protestan por la impunidad. Y lo peor es que al tiempo ellos mismos buscan hacer lo que hizo aquel de quien se quejan. Total, como no pasa nada.
Todo acto de corrupción debe ser denunciado formalmente. El no hacerlo es admitir ser cómplice y fomentar la impunidad. La pasividad de las y los ciudadanos y los vacíos de la Ley hacen que crezca el problema y se creen redes de corrupción inimaginables.
Yo no sabía, por ejemplo, que en Sonora opera una red de abogados, policías y jueces en el sector inmobiliario, en donde se finge la posesión de un inmueble —conocido previamente gracias a información privilegiada— y se monitorea constantemente. Al momento de que aparece un posible comprador y abre la puerta, la Policía lo sorprende in fraganti en el interior, lo acusan de robo con violencia y tras un procedimiento viciado lo meten a la penitenciaría. El acusado tiene todas las de perder, y después los mismos abogados en confabulación del juez le negocian la desaparición de cargos por no menos de 150 mil.
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¿Los dejamos o los denunciamos?
