Desde hace años los hermosillenses —si no es que todo el país— enfrentamos serios problemas de seguridad, y es un hecho de que como sociedad estamos a merced de los criminales. Evidencias hay muchas, pero nada hay como vivirlas en carne propia para conocer la magnitud del problema.
Creo firmemente que la organización de la sociedad civil, en cualquiera de sus formas, es la mejor manera de hacerle frente a cualquier intento de retroceso en los logros alcanzados dentro de la vida democrática de las naciones, y también creo que las autoridades gubernamentales no tan sólo deberían promover tales organizaciones sino además apoyarlas con firmeza.
Los comités vecinales de las colonias, por ejemplo, que durante años sólo fueron vistos como medios para hacer política, representan la primera línea de atención de la gestión comunitaria. Los comités integrados por los propios vecinos conocen de primera mano la problemática de su entorno, a los ladrones y a las personas conflictivas; pero se le sigue viendo como capital político de las autoridades en turno en lugar de ser motores de bienestar para la comunidad. La familia es a una sociedad lo que los comités vecinales a una ciudad.
Como presidente de mi colonia me tocó sufrir un intento de secuestro —como mensaje de la misma autoridad municipal— para que me ‘calmara’ y dejara de defender los intereses de mi comunidad, y fui denunciado por expulsar de mi colonia a vendedores de drogas e invasores de casas. Porque, en efecto, aunque viven en la ilegalidad, también tienen derechos como seres humanos y merecen ser escuchados. La Ley es para todos, incluyendo a los malos.
La cuestión es que hay más eficiencia para perseguir supuestos delitos a quienes hacen las cosas bien que a quienes las hacen mal. Este triste axioma nos hace comprender la resistencia de la gente para organizarse o ser parte de los comités vecinales, simplemente porque no hay confianza en los términos del Poder Judicial ni de la justicia en nuestro país.
Hace más de diez años, por ejemplo, alguien dejó su casa abandonada en la colonia. El comité vecinal evitó hasta en cuatro ocasiones —con riesgos de integridad de por medio— que fuera invadida por gente indeseable, y jamás se pudo localizar al propietario para notificarle lo delicado de la situación, así que otra vez se pusieron chapas nuevas. En beneficio del bien común y ante la poca atención del propietario del inmueble, el comité decidió que este fuera usado por alguien que contribuyera a su comunidad y al espacio mismo, en el entendido de que lo dejaría tan pronto como apareciera el propietario.
Hoy aparece quien se dice propietario, pero no puede demostrárselo al comité con el argumento de que no es ninguna autoridad, y presenta una denuncia por despojo en contra nuestra. La fiscalía de justicia le acredita la propiedad, pero también se niega a demostrarlo (después nos enteraríamos del uso de influencias para que se acreditara) y dar por terminado el asunto.
¿Y qué hacemos, entonces? ¿Nos lavamos las manos como comité y le damos el inmueble a quien se dice propietario sin que pueda demostrarlo, o nos ponemos en manos de una procuración de justicia que da cabida a las influencias para administrar a modo el principio de la Justicia?
¿Ven por qué muchos ciudadanos prefieren no intervenir en el beneficio de sus colonias?
