Me llegó la siguiente aclaración por WhatsApp:
Buenas tardes Gustavo, soy Rosana Domínguez de Comunicación Social de Transporte, nada más para hacerle unos comentarios acerca de su Columna del día de hoy (13 de noviembre 2018) en el Sol de Hermosillo: El gobierno del Estado no tiene nada que ver, las demandas corresponden a años muy atrás, así mismo que el Estado no es responsable de cómo está el sistema de transporte, ya que fueron las empresas las responsables de la operación del transporte por años, el gobierno del Estado tiene solo pasado del mes a cargo del sistema de transporte en Hermosillo, por lo cual se ha dejado en claro que no es intención del mismo operarlo por siempre.
A lo que respondí por la misma vía lo siguiente:
Gracias por su aclaración se la haré llegar a los abogados que están al frente de la demanda y quienes me aseguran que al requisar la empresa el gobierno del Estado, adquiere también las responsabilidades de la misma.
Pero analizando lo que la funcionaria me comenta, me hace pensar después de leerla de nuevo y me surge la duda: ¿El Estado (el gobierno estatal) no es responsable de cómo está el sistema de transporte? Perdón pero ¿quién es el que tiene el poder para concesionar un servicio que es de índole público? El Estado. ¿Dónde radica entonces la responsabilidad de que este servicio público tenga la calidad, la seguridad y la disponibilidad para los ciudadanos? En el Estado. El que concesione la operación no lo libera de la responsabilidad. Por el contrario.
Pero mi columna no hace referencia a la responsabilidad de la empresa o del gobierno estatal en cuanto a la operación del transporte urbano ni de su falta de calidad; mi columna apunta a que el abogado a cargo de la demanda, el Lic. Ricardo Celada Chávez, realiza la tramitología para llevar la demanda de su cliente contra la compañía Sictuhsa y ahora contra el gobierno de Sonora, al requisar la mencionada empresa, ante la corte interamericana.
En el WhatsApp que me envió la funcionaria de C.S. del transporte Rosana Domínguez, menciona que la demanda tiene años a lo que tiene mucha razón, precisamente es el punto que en 4 años, Sictuhsa ha tenido 4 sentencias en su contra y la ley no ha podido hacer que esta empresa pague su deuda de compra de combustible a Jesús Arvallo Arellano y que a la fecha no ha logrado hacer que la empresa acate la ley, una empresa a la que el gobierno estatal le confió el transporte urbano del Estado y no le paga a sus proveedores. Esto pone en duda la seguridad jurídica en Sonora, de ese tamaño es el problema de Sictuhsa.
Luego gobierno estatal y requisa la empresa ante los desplantes de sus ejecutivos de querer manipularlo con paros de los autobuses en la capital y el Lic. Celada Chávez cree que al hacer esto, el gobierno del Estado, por fin va a hacer justicia para los proveedores a los que Sictuhsa nunca les pagó y resulta que todo sigue igual. Como dije en mi columna pasada, la juez C. Lic. Nilza Fuentes Escobar notificó a gobierno del Estado la sentencia por ella decretada, la notificó en vez de ordenarla y ésta sentencia aún es letra muerta en un papel. ¿No hay estado de derecho ni seguridad jurídica en Sonora? ¿Esto es lo que los inversionistas pueden esperar de Sonora?
Como digo, el caso Jesús Fco. Arvayo Arellano vs. Sictuhsa no es solo un caso que compete al no pago de insumos, lleva a las raíces mismas de la esencia de la ley. Al parecer el Lic. Ricardo Celada Chávez tiene razón en llevar ante la corte interamericana la demanda.
Gustavo Tena H.
Fotógrafo profesional y ciudadano
Ciudadanov1966@gmail.com
