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A propósito | ¡Arriba las manos!

  • Noé Becerra

¡Tiren a matar!, fue la orden dada a los policías ministeriales por el entonces procurador general de Justicia de Sonora, –hoy fiscal general–, ante la presencia incontenible de macheteros que aparecieron como metástasis por todo lo largo y ancho del territorio sonorense.

Amparado en la aplicación de un dispositivo del vigente Código Penal, la acción policiaca no se hizo esperar. El cumplimiento de un deber estaba plenamente justificado.

Los macheteros pasaron a mejor vida, y el orden público y la paz social volvieron a su cauce. Esa misma efectividad se requiere para todos los delitos del orden común. No es admisible que los asaltos y los robos sobre todo violentos, continúen, sin que haya respuesta oportuna de los cuerpos policiacos.

O se arma a la población para repeler las agresiones de la delincuencia o seguiremos igual o peor. Lo cierto es que las autoridades de la prevención del delito están rebasadas. No pueden con el paquete. Requieren mayor eficacia y no se ve para cuándo.

Desde luego, no se está promoviendo la apología del delito, lo anterior requiere de reformas al tema de la defensa legítima donde todo ciudadano pueda defenderse sin necesidad de ser procesado penalmente por haber defendido su patrimonio, su vida, su honra, su salud, su integridad o la de su familia.

Otra alternativa sería adscribir en cinco o más sectores citadinos, a agentes del Ministerio Público para que salieran de manera itinerante a los lugares donde se hubiera cometido un delito, en lugar de que la víctima vaya a las agencias a denunciar, evitando las consabidas pérdidas de tiempo y engorrosos trámites que en la mayoría de los casos no denuncia precisamente porque los funcionarios y empleados le hacen la vida imposible.

Que los policías municipales sean habilitados para recibir denuncias y querellas y turnen en su oportunidad a la autoridad ministerial para su conocimiento, evitando el engorroso trámite de que no pueden conocer de un delito porque están impedidos, y por mientras el delincuente o infractor se fue o lo dejaron ir, previa jugosa gratificación.

¿Que el particular no está capacitado para el manejo de armas? ¿Y quien de repente o permanentemente las usa sí lo está? Vemos a policías que ni siquiera defensa personal saben. Todo es cuestión de enfoques. Preparen al ciudadano y asunto arreglado.

Que los funcionarios públicos dejen de utilizar la caravana de guaruras comisionados de la Policía Ministerial y Municipal para cuidar tanto a ellos como a sus familias sirviendo de guardaespaldas, de choferes, de niñeros, de mandaderos y de veladores.

Bueno sería que esos recursos volvieran a su base, o por lo menos se redujeran. Que el funcionario sienta lo que siente una sociedad agredida constantemente por una feroz e imparable delincuencia.

O usted, ¿qué opina amable lector?

 

El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios Estados y articulista en diversos periódicos del país.

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