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A ley olvidada, 22 abatidos

  • Leonardo Rodríguez
  • en Hermosillo

A casi un año de la entrada en vigor de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Sonora, son 22 los abatidos por balas de diversas corporaciones policiales solo en la capital del estado, mientras que la Ley continua sin una reglamentación y las fuerzas policiales siguen con la directriz de disparar a quienes usen armas blancas.

Antecedentes
El viernes 31 de marzo de 2017, en la carretera que conduce a Bahía de Kino, ciudadanos de la Costa de Hermosillo se manifestaban con motivo de ciertas concesiones de transporte suburbano.

Ante la iniciativa de los manifestantes de bloquear la rúa y no moverse, se dio un despliegue de fuerza pública que derivo en violencia.

En diversas imágenes se evidenció como agentes estatales apuntaban con armas de fuego a jóvenes, niños, e incluso socorristas de Cruz Roja, lo que generó la indignación generalizada y derivó en una iniciativa legislativa para la creación de la Ley Número 184, que se encargaría de regular el uso de la fuerza pública en la entidad.

Cabe señalar que a partir de este hecho y hasta la publicación de la Ley 184 en el Boletín Oficial del Estado fueron siete las personas, que solo en Hermosillo, perdieron la vida por municiones de diversas corporaciones, principalmente por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Un día antes de la publicación, la Agencia Ministerial dio a conocer un boletín donde se informó sobre la muerte de dos “macheteros” en hechos distintos en la capital del estado, estas personas amagaron con armas punzocortantes a los afectivos, quienes hicieron uso de sus herramientas de autodefensa para neutralizarlos.

Sobre estos hechos, la instancia judicial manejó además una postura del Fiscal General del Estado, donde se explica que el simple hecho de amagar o desenfundar un machete o cuchillo es motivo suficiente para hacer uso de dispositivos que propulsan proyectiles por parte de los agentes ministeriales.

“Al respecto el fiscal general del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, manifestó que no se tolerará en lo más mínimo a quienes desenfunden o amaguen con arma prohibida a los agentes ministeriales por lo que éstos utilizarán su arma de cargo en legítima defensa”, cita el comunicado.

24 muertos, la mayoría por AMIC
Tras esta declaración y la subsecuente aprobación de la Ley 184 y su publicación oficial, 24 personas han sido abatidas por uniformados en la capital del estado, 20 de ellos por parte de agentes ministeriales.

Cabe señalar que en este listado al menos 13 de ellos fueron individuos que hicieron uso de armas de fuego durante los enfrentamientos, sin embargo, los restantes siete portaban utencilios punzocortantes, siendo el último de ellos un joven de 19 años apodado “El Diablo”, quien el 13 de marzo de este año fue abatido en la colonia Solidaridad de Hermosillo.

Una Ley incompleta
Tras una revisión de la Ley 184, hay dos puntos que saltan a la vista, el primero de ellos es que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se exime de dicha legislación, pues no es reconocida por quienes hicieron la Ley como una Institución Policial de Fuerza Pública, lo cual se especifica en el segundo párrafo de la fracción 25 de su artículo segundo, que a la letra reza:

“Para efectos de la fracción XIII del presente artículo, no se considerarán instituciones policiales de fuerza pública a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, dependiente del organismo constitucional autónomo denominado Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Su actuación en el marco de esta Ley será para investigar y conocer de delitos en el ámbito de su competencia, pero no tendrán intervención alguna en protocolos de actuación o uso de la Fuerza Pública”.

Sin embargo, como ya se ha listado, este vacío ha generado que la Agencia Ministerial sea la institución policial que más abatimientos ha generado y cuyo titular ha instruido a sus agentes a disparar ante el simple hecho de que los presuntos “desenfunden o amaguen con arma prohibida a los agentes ministeriales”, lo que contraviene a lo establecido por la Ley en su artículo décimo.

Ley sin reglamento
Aunado a lo anterior, y como se ha venido exponiendo, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Sonora no cuenta, a la fecha, con un reglamento que haga cumplir algunas necesidades para el funcionamiento óptimo de su apartados, esto a pesar de que su Artículo Tercero Transitorio, establecía 90 días naturales para que se reglamentara.

Como consecuencia de esta dilación, protocolos como la creación de una Comisión de Registro, Control y Supervisión del Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de

Sonora no se ha podido realizar, lo que afecta directamente los criterios de rendición de cuentas que establece la misma Ley 184.

El protocolo continúa
Aunque en menor medida, el abatimiento de macheteros por agentes de diversas corporaciones ha permeado también a la Policía Municipal, cuyos miembros, durante 2018 han abatido a dos presuntos por portar armas blancas, protocolo que se continuará implementando de acuerdo a lo dicho por la Presidenta Municipal de Hermosillo.

Angelina Muñoz Fernández, en entrevista el día 14 de marzo explicó que el salvaguardar la vida de los agentes policiales los faculta para abatir “sea cual sea el arma” usada por los delincuentes al amagar o intentar agredir a los uniformados.

“En algunos casos son medidas necesarias, aquí hay un protocolo… (se abatirá) a cualquiera, ya sea machetero, los criminales que porten armas y agredan a un policía, sea el arma que sea, el protocolo es de abatir y de responder primero cuidando su propia vida”, dijo.

CEDH sigue solo dos casos
Del total de casos de presuntos macheteros ultimados por diversas corporaciones en la capital del estado, de los que como mínimo suman 13 casos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos atiende solamente dos averiguaciones, una de ellas seguida por oficio y otra por solicitud de familiares de uno de los finados.

Lo anterior fue dado a conocer por Pedro Gonzáles Avilés, ex titular del Sistema Estatal Penitenciario y actual Ombudsman de Sonora, el 29 de Marzo del presente año. Cabe apuntar que Gonzáles Avilés llegó a la presidencia en enero pasado.

“La función de la Comisión va ser determinar si el agente que privó de la vida a la persona actuó conforme lo establece la Ley de Uso de la Fuerza Pública, no puedo anticipar ningún resultado porque está en proceso de investigación”, expuso.

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