El Plan de justicia del Pueblo Yaqui, impulsado por la administración del presidente López Obrador, tiene como uno de sus ejes principales el respeto al derecho de esta comunidad de acceder al agua, indispensable para su sustento y desarrollo; esto, según el fundador del PRD y antiguo aliado del morenista, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, debería incluir la cancelación definitiva del Acueducto Independencia.
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En Sonora, la tribu yaqui continúa en conflicto contra el mayor proyecto de infraestructura iniciado por el exgobernador Guillermo Padrés durante su sexenio. El acueducto, a la usanza de muchas otras obras realizadas durante el mismo periodo, ha sido señalado por irregularidades y atropellos a partir del momento de su concepción.
Desde ser construído a pesar de no cumplir con las disposiciones judiciales necesarias y el seguir operando aún después de que la Suprema Corte invalidara su aprobación por impacto a los pueblos Indígenas, la historia del Acueducto Independencia está ligada con la supervivencia de la tribu yaqui y sus protestas a lo largo de años. Este es un resumen de cómo se llegó a este punto.
Entre la necesidad y el atropello
El Acueducto Independencia surgió en 2010 como la piedra angular del proyecto Sonora Sistema Integral, apodado “Sonora SI” por la administración de Padrés Elías, pensado para llevar el abastecimiento de agua potable a varias ciudades afectadas por la grave sequía que, incluso desde entonces, ya afectaba al estado.
Para los que recuerdan, fue aquel año en que la presa Abelardo L. Rodríguez, entonces principal fuente de agua para la ciudad capital de Hermosillo, se secó completamente. Desde entonces que el Río Yaqui surgió como la principal alternativa para “salvar” a la ciudad; o así es como se propuso la idea ante los sonorenses.
El plan original consistía en un sistema para trasvasar hasta 75 millones de metros cúbicos del líquido vital desde la presa Plutarco Elías Calles, entre los municipios de Soyopa y San Pedro de la Cueva, hasta la presa Abelardo L. Rodríguez, ubicada en la cuenca del Río Sonora ¿El obstáculo? un tratado con más de 50 años de historia sobre a quién le corresponde otorgar el permiso de realizarlo.
En 1940 el presidente Lázaro Cárdenas restituyó por medio de un decreto el territorio de la tribu Yaqui, así como su derecho a 50% del agua que corre por el río al que dan su nombre. A pesar de esto, históricamente esta comunidad nunca ha recibido los recursos que por derecho le corresponden, llegando al punto que actualmente hay regiones donde esta población carece de agua potable para subsistir; esta se pierde en el camino para abastecer a grandes productores agrícolas y otras poblaciones del sur de Sonora.
Aún con esto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Acueducto Independencia en noviembre de 2010, dejando de lado uno de sus principales requisitos: informar y obtener el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas.
Inicia la lucha
Agricultores del pueblo Yaqui de Vícam, coordinados en el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua, presentaron un amparo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013, poco después de que la obra fuera inaugurada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Aún con la tardanza, las autoridades federales decidieron favor de la tribu, dejando al Acueducto Independencia operando en la irregularidad desde entonces.
Los bloqueos carreteros por parte de la tribu iniciaron poco después del fallo de la Suprema Corte, cuando a pesar de la resolución la extracción de agua destinada a su territorio continuó de forma ininterrumpida. Las protestas, hasta la fecha, se mantienen a pesar de las promesas realizadas por dos administraciones estatales, de Guillermo Padrés Elías y la priista Claudia Pavlovich Arellano; y tres sexenios presidenciales, de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el debutante Andrés Manuel López Obrador.
Desde entonces, voceros de la lucha de los Yaquis contra el Acueducto Independencia han sufrido detenciones y ataques, señaladas de tener sesgo político por organizaciones como Amnistía Internacional, como sucedió a los representantes Mario Luna y Fernando Gutiérrez, detenidos y encarcelados en 2014.
Tomás Rojo, uno de los principales opositores al proyecto, desapareció y fue encontrado muerto en Vícam en junio de este año. Esto en el marco de las negociaciones de la actual presidencia para, al mismo tiempo que se busca respetar los tratados realizados con la tribu Yaqui, se permita continuar con el desvío de más de 30 millones de metros cúbicos de agua de su territorio para la capital sonorense.
Plan de justicia
Según el presidente López Obrador,sería un error cancelar el funcionamiento del acueducto, continúa insistiendo que el agua del Río Yaqui será suficiente para cumplir tanto las necesidades de la tribu como el abastecimiento de la capital sonorense.
Todo esto, asegura, se logrará a través de la modernización de los sistemas de riego en la importante región agrícola del sur del estado y de una racionalización apropiada del recurso. El nuevo Distrito de Riego 018, promete el mandatario, será controlado de forma exclusiva por los yaquis.
Por otro lado, representantes del Movimiento Ciudadano por el Agua han expresado sus dudas ante la estrategia del ejecutivo, señalando que directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) prometen hasta700 millones de metros cúbicos de agua que, señalan, no saben de dónde se van a obtener; todo para aceptar que continúe la operación del Acueducto Independencia.
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Opositores al proyecto argumentan que la totalidad del caudal del Río Yaqui ya se encuentra concesionada entre los pueblos a lo largo de su cuenca, productores agrícolas y empresas mineras, dejando la promesa de la administración federal con millones de litros prometidos que podrían nunca llegar.
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