A pesar de ser el desastre ambiental minero más grande de la historia de México, el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi ocurrido el pasado 6 de agosto del 2014 es un caso de impunidad y falta de reparación para las comunidades afectadas, quienes se organizan en los Comités de Cuenca Río Sonora.
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Con base a la información compartida por Greenpeace, el derrame ha tenido afectaciones graves a la salud de las comunidades a lo largo de la cuenca, a su tejido social, así como al medio ambiente, con impactos diferenciados en las infancias, adolescentes y las mujeres.
Tras estos 7 años de impunidad, las organizaciones de la sociedad civil han presenciado cómo las autoridades de todos los niveles: local y federal, así como las personas que han participado en campañas, puestos políticos y el empresariado, han negado la existencia de la contaminación, los abusos a los derechos humanos y la falta de acceso a la justicia.
Cabe señalar que, el derecho humano a la salud no es el único derecho afectado en el caso de estas comunidades, sino que se han violado otros derechos: el derecho a la vida, el derecho al agua y saneamiento, a un medio ambiente sano y la participación en los procesos que las impactan.
Por esto, hacen el llamado a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos, reparar de forma integral los daños causados en las comunidades y en el medio ambiente.
En el marco del décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil realizaron el llamado para que las autoridades mexicanas de todos los niveles y poderes adopten medidas de reparación para el caso de las comunidades del Río Sonora, como agua limpia, un plan de remediación para el medio ambiente, un plan de activación integral del campo, la reactivación del Fideicomiso Río Sonora y la rendición de cuentas de la empresa responsable: Grupo México.
Es importante que se trabaje de manera articulada y coordinada para dar esas respuestas, por lo que pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dicte las medidas cautelares para proteger a las comunidades afectadas.
Asimismo, se exige la reparación integral para las comunidades del Río Sonora y se establezcan medidas que garanticen la no repetición; así como legislación y mecanismos de debida diligencia obligatoria para asegurar que las actividades de las empresas no afecten negativamente a las comunidades con sus operaciones y desproporcionadamente a poblaciones que han sido vulneradas históricamente.
Finalmente, reiteraron que las mujeres, hombres, niñas, niños y todas las personas de las comunidades del Río Sonora y de México tienen derecho a la justicia.
