En más de 22 mil millones de pesos se calcula el monto general de la deuda pública de Sonora, según la estimación de las mesas de trabajo del Proceso de Entrega-Recepción, sin embargo, la cantidad podría variar, informó Omar del Valle Colosio.
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El coordinador del proceso por parte del gobernador electo Alfonso Durazo, dijo que estas cifras son estimadas, por lo que podrían variar en los siguientes días una vez que se haga una revisión exhaustiva, sin embargo, la estimación sobre la deuda pública del estado es de 22 mil 109.7 millones de pesos.
“En cuanto al déficit fiscal, esta es una cifra para el cierre del 2021, se tienen estimados casi 5 mil millones de pesos en este rubro. Los déficits, si bien no son una circunstancia sola, se acompañan también del manejo de caja, eso también es importante mencionar, que desde julio de este año la caja ha estado prácticamente en ceros y eso ha complicado la administración de recursos”. comentó.
También se han identificado pasivos contingentes por montos estimados en más de 3 mil 300 millones de pesos y en diversas áreas existen pasivos legados por más de 5 mil 200 millones de pesos, por lo que esto representa un reto para las finanzas públicas del estado durante la siguiente administración, aseveró Del Valle Colosio.
Por ello, mencionó que la estrategia estará basada en lograr reordenamiento de flujos, maximización de convenios de participaciones con la federación, racionalización del gasto, una fiscalización eficiente, así como un fortalecimiento en el manejo de caja.
Según señala, para la nueva administración "el tema prioritario en materia educativa es el que tiene que ver con el regreso a clases de manera presencial. Al 3 de septiembre, fecha de corte al viernes de la semana pasada, el 60%, aproximadamente mil 830 escuelas, están en condiciones de regreso a clases, sin embargo, el 6% de los estudiantes asistieron por diferente índole".
“El 34% de las escuelas están pendientes de reapertura por diversas fallas en infraestructura general, temas de ventilación y protección; existe un 6%, casi 200 escuelas, que no reciben alumnos por diferente índole, que sí pueden recibir pero no lo hacen, particularmente por falta de personal educativo, por no estar en condiciones óptimas, o bien, por cuestiones sanitarias que en algunos lugares se decidió no asistir a clases”, abundó.
Para ello se requieren 110 millones para abrir las escuelas pendientes y 190 millones de pesos para mantenimiento y rehabilitación de las escuelas que están operando, lo que suma un monto aproximado de 300 millones de pesos para un mejor regreso a clases.
En lo que respecta a la Seguridad Pública, Del Valle Colosio destacó el adeudo por más de 500 millones de pesos, donde resaltan contratos del C5i y a proveedores diversos; en Infraestructura, existen alrededor de 440 obras públicas en proceso, con una inversión de casi mil 300 millones de pesos, por parte de la Sidur.
“Se ha identificado una falta de mantenimiento al Acueducto Independencia que opera la Comisión Estatal del Agua y que requiere altos costos de operación lo cual podría poner en riesgo el abasto del 30% de agua en Hermosillo; el déficit de los organismos operadores de agua no es tema menor, como Guaymas y San Carlos, tienen uno por casi 50 millones de pesos, el organismo de Empalme de 22 millones y el de Cananea por más de 43 millones de pesos”, añadió.
Mientras tanto, el tema de transporte público tiene una deuda estimada a los concesionarios de Hermosillo por un monto de 40 millones de pesos, lo cual podría poner en riesgo el servicio.
“Hay incumplimiento a la normativa de transparencia y acceso a la información pública, se identifica que se han entregado 10 patentes de notarías públicas de junio del 2021 a la fecha, se han identificado adjudicaciones directas en licitaciones públicas en los últimos meses donde no necesariamente existe una justificación clara al respecto”, reveló.
Por otro lado, Liza Auyón, quien encabezó la mesa de Consejería Jurídica del Proceso de Entrega-Recepción, hizo un desglose sobre los pasivos contingentes del gobierno del estado, los cuales se definen cantidades de dinero que debe el estado de Sonora por concepto de juicios.
“La situación actual es que, de un total de juicios identificados, 5 mil 932 en contra del gobierno en materias laboral, civil, administrativa, mercantil, penal y agraria, se tiene el monto estimado de pasivo contingente por 3 mil 361 millones de pesos”, detalló.
Las áreas con más pasivos son Salud, con 461 juicios por un total de 709.3 millones de pesos; Educación con 2 mil 693 juicios por 181.2 millones de pesos; Seguridad con 123 juicios por 180.2 millones de peso y en Isssteson con 2 mil 176 juicios, por mil 419.6 millones de pesos.
De tal manera, el reto para la administración en esta área, señaló Auyón, es la de planear una estrategia integral para una defensa adecuada de los juicios en todas las materias y dependencias, es decir, estructurar y fortalecer la articulación jurídica del estado.
“Tenemos ejemplos que resaltan, uno de ellos es una condena de pago de pensión mensual superior por 200 mil pesos mensuales en favor de un trabajador jubilado, esto es una persona de nivel 9, jefe de departamento, demanda al Isssteson para homologar su pensión y obtiene una mensual por 200 mil pesos, además de una condena de pago de aportaciones y diferencias por más de 20 millones de pesos”, puntualizó.
Asimismo, en el tema de Salud, el doctor José Luis Alomía, futuro titular de la Secretaría de Salud del Estado, recalcó que el equipamiento del Nuevo Hospital de Especialidades se encuentra en etapa avanzada, para lo cual el Insabi ha invertido mil 698 millones de pesos, lo que representa el 84% del costo total.
A esto agregó que la tercera ola de contagios por Covid-19 va en descenso, pues se ha dado una reducción semanal del 20% de casos en comparación con la segunda ola de contagios, además de que las hospitalizaciones en general también van a la baja, mientras que la letalidad semanal es 67%menor en comparación con la semana con más muertes de la segunda ola.
“Los servicios de Salud en Sonora durante el presente 2021 sólo han podido surtir a las unidades médicas en la entidad en 10% de la necesidad anual, el 90% pendiente de distribuir representa un costo de 200 millones de pesos; en el caso del Isssteson, en este año, también se programó adquirir medicamentos por un total de 528.7 millones de pesos, a la fecha solo el 39% se ha adquirido”, manifestó.
De tal forma, se prevé reforzar la gestión y seguimiento con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para asegurar el envío y distribución de los medicamentos adquiridos de la compra consolidada a nivel nacional.
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No obstante, Alomía identificó que Sonora le adeuda al Insabi, por concepto de servicios de salud, un total de 236.3 millones de pesos, los cuales no permiten que el instituto transfiera al estado recursos por un total de 461.4 millones de pesos, por lo que es importante gestionarlos a la brevedad.
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