Los homicidios de los activistas yaquis Luis Urbano y Tomás Rojo “constituyen dos eslabones más en la larga cadena de acoso, hostigamiento y asesinatos, perpetrados contra hombres y mujeres por oponerse al despojo, asedio y atropellos que datan de siglos atrás”, señaló Ricardo Aragón Pérez, profesor e historiador de Sonora.
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El especialista recordó que históricamente hablando, existe un patrón, pues el asedio a los pueblos yaquis que luchan por la gestión de sus bienes naturales, el autogobierno y bienestar de todos sus integrantes, ha persistido invariablemente, con independencia de sus fines.
“Ayer, fueron sus aguas y tierras de sembradío, lo que despertó la codicia de gobernantes y empresarios afines, que valiéndose del ejército porfiriano declararon la guerra e invadieron su territorio; persiguieron a opositores, desterraron mucha gente, capturaron y fusilaron a sus dirigentes sin miramiento”, dijo.
Sin embargo, hoy en día, las circunstancias son más complicadas, pues los grupos de intereses creados son un secreto, aunque no cabe duda que el reciente asesinato de ambos defensores de la etnia yaqui fueron por oponerse al despojo de sus recursos naturales, que durante generaciones han padecido por parte de personas ajenas a la etnia con interéses particulares por sobre el bien común.
“No contentos con eso, entre los siglos XIX y XX, los embistieron a sangre y fuego, con la llamada Campaña del Yaqui; incluso aliados con militares y políticos testaferros escalaron las hostilidades hasta echarlos de sus pueblos y desterrarlos; desmembraron familias y cegaron innumerables vidas.
“Como hicieron con Cajeme, célebre e indómito líder, quien luego de ser capturaron, fue pasado por las armas a sangre fría, como advierte la etnia yaqui que, con sus recias luchas, hombre y mujeres, jóvenes y decanos, han escritos las mejores páginas de historia social sonorense”, abundó.
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Asimismo, también conmemoró el destierro de numerosas familias yaquis, entre ellas mujeres solteras, casadas, incluso embarazadas; niños sin padres, “rezadores” y hasta adultos mayores, fue a todas luces una de las medidas más inmorales e inhumanas que el gobierno de Porfirio Díaz llevó a cabo.
Todo esto, añadió, en connivencia con los intereses de sus allegados en el estado, motivados por acabar con su resistencia, dominar a los dirigentes y someterlos a los designios del gobierno, con el objetivo de desconocer su soberanía y arrebatarles las tierras y aguas, para beneficio de unas cuantas familias acaudaladas.