La labor de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora fue cuestionada por diputados locales ayer durante la comparecencia de su titular, Odracir Espinoza Valdez, en el Congreso de Sonora.
Por cerca de dos horas, el fiscal expuso ante el Pleno del Poder Legislativo el trabajo que se ha realizado y enfatizó las acciones penales que se han registrado derivadas de denuncias por hechos de corrupción realizados por servidores públicos.
Reconoció que se han llevado a cabo seis condenas a funcionarios por corrupción y que hay 64 personas rindiendo cuentas ante la justicia o se encuentran en proceso legal, 11 de ellos están bajo el esquema del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
También dijo que hay 567 denuncias y que 11 carpetas de investigación corresponden a la actual administración, además se han asegurado 561 millones de pesos en bienes que forman parte de investigaciones.
Ante su exposición, el Grupo Parlamentario de Morena señaló que la Fiscalía es parcial y selectiva en los casos, ya que no se han ejercido acciones contra actos de corrupción de personas u organismos afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sobre esto, Espinoza Valdez mencionó que se está dando seguimiento a la denuncia emitida contra el ex alcalde priista de Nogales, Ramón Guzmán Muñoz, incluso se han emitido cinco órdenes de aprehensión en este caso, pero debido al proceso legal no brindó mayor información.
Por su parte, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que la Fiscalía Anticorrupción le cuesta a los sonorenses 200 millones de pesos y la percepción de la ciudadanía es que no se ha presentado un avance.
Como respuesta, comentó que sí se han dado resultados, pero también algunos casos se han sujetado a un control del Poder Judicial de la Federación por juicios de amparo donde señalan el esquema de comunicación y de más.
“Un 98% señala claramente que la Fiscalía Anticorrupción no ha violentado ningún derecho humano y eso es muy importante porque usted (diputado Gildardo Real Ramírez del PAN) me señala como un violador de derechos humanos, pero ahí están las estadísticas del Inegi y los juicios de amparos”, expresó.
Sobre la supuesta inconstitucional la Fiscalía Anticorrupción, argumentó que no es verdad y que todos los procedimientos siguen en desarrollo, ninguna investigación se ha visto afectada.
“En el caso del ex Gobernador, nosotros al inicio del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción trabajamos un expediente que integramos y la PGR atrajo el expediente, ese expediente se encuentra en un proceso penal federal y es el asunto que tiene al ex Gobernador en prisión preventiva por lo que sabemos es probable responsable y queda en manos del Poder Judicial de la Federación determinar cuál será el destino”, destacó.
