En el Pleno del Congreso local, el oficial mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) explicó los resultados de la evaluación de la Cuenta Pública 2017 y los 883 expedientes resarcitorios en proceso desde 2015.
Jesús Ramón Moya Grijalva acudió al Poder Legislativo para cumplir con el citatorio que se le emitió con la finalidad de ampliar a los diputados la información obtenida en las auditorías realizadas al Ejecutivo y los ayuntamientos durante el último año.
Informó que en 2017 se auditó a 345 sujetos de fiscalización, incluyendo sindicatos y asociaciones civiles que reciben recursos del Estado para sus actividades.
El titular del ISAF agregó que se establecieron 630 hallazgos en el ámbito del Poder Ejecutivo estatal y mil 50 en el municipal, esto derivado de mil 750 auditorías que representaron cinco veces el monto auditado en el 2016.
Reportó que 141 observaciones no solventadas totalmente por las dependencias del Ejecutivo estatal están en etapa de investigación, así como una observación del Legislativo, 19 de organismos autónomos y 142 de las administraciones municipales.
Además, turnó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 889 hallazgos resultado de la revisión de los recursos del Ramo General 33: Aportaciones Federales transferidos al Gobierno del Estado y los municipios, de los cuales 92 son a sujetos fiscalizados del ámbito estatal y 797 al municipal.
Durante los procesos de auditoría no todos los servidores públicos presentaron el interés y la atención respecto a los requerimientos de la institución, por lo cual dijo que se sancionó a 311 funcionarios con multas, 52 con amonestaciones y se aplicó una suspensión a un director que se negó a entregar la información requerida para auditar.
En su comparecencia el grupo parlamentario del PES, cuestionó los expedientes que están en proceso por posibles desvíos de recursos en las cuentas públicas.
Ante esto, Moya Grijalva respondió que derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2015 del Estado hay 86 procedimientos que están en resarcitoria por un importe de 633 millones de pesos y están en etapa de periodo de prueba por parte de los diferentes servidores públicos señalados.
Con relación a la Cuenta Pública 2015 de los municipios, detalló que hay 670 expedientes en proceso con un monto de 428 millones de pesos que están pendientes de aclaración.
De la Cuenta Pública 2016 del Ejecutivo, añadió que hay dos expedientes en trámite con 602 mil 787 pesos por aclarar, mientras que en de los municipios corresponden 125 expedientes con un monto de 50 millones de pesos.
“Se está trabajando con ello porque estos ejercicios corresponden a la anterior Ley, por eso el ISAF está trabajando en materia resarcitoria con los mismos, lo que corresponde a la Cuenta Pública 2017 esos se están turnando a las áreas de investigación”, expresó.
El grupo parlamentario de Morena señaló que para evaluar al Gobierno municipal se utilizaron criterios distintos a la revisión del Gobierno estatal, ya que a este último no se le puede desaprobar su Cuenta Pública.
Además argumentaron que las auditorías fueron irregulares debido a que municipios como Hermosillo, Guaymas o Cajeme resultaron con calificaciones aprobatorias, pero las condiciones de las localidades son distintas.
El titular del ISAF manifestó en su comparecencia que se aplicaron criterios homologados, es decir, que fueron los mismos tanto para dependencias, entidades, municipios, organismos y particulares que utilizan recursos públicos.
“Un principio fundamental en materia de auditoría es la consistencia, no podemos utilizar términos distintos de auditoría para un municipio pequeño o para uno grande o para una entidad que tiene un presupuesto de 10 millones de pesos contra otro que tiene un presupuesto de 5 mil o 12 mil millones de pesos”, externó.
