Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Fiscalización sobre el informe del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) con los resultados de las cuentas públicas del estado y municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
El reporte señaló que el Poder Ejecutivo está en una situación de alto endeudamiento, ya que pasó de 79.5 por ciento en 2018 a 98.8% en 2019 y, en cuanto a la fiscalización del gasto federalizado, se seleccionaron 42 fondos federales por un monto total de 16 millones 932 mil pesos.
En la sesión del Congreso Estatal se indicó la detección de un presunto daño patrimonial por un monto de 41.3 millones de pesos en el ámbito estatal y de 70 millones en el ámbito municipal; pero son observaciones que se siguen solventando.
Se trata de 819 informes individuales de auditoría, 132 de ellos relacionados con los recursos del gasto federalizado, mientras que en el primero de ellos se presentó un resumen de los resultados de la fiscalización superior del ejercicio 2019 a 104 entes estatales, incluidos sindicatos, asociaciones civiles, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Nueve ayuntamientos reprobados
En el dictamen se expuso que los municipios de Sáric, Bácum, Navojoa, Bacadéhuachi, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Átil, Mazatán y Tubutama recibieran una calificación reprobatoria en la gestión financiera.
En caso de que las observaciones en el acuerdo no fueran solventadas en los términos que marca la ley, ISAF promoverá ante las autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad que resulten procedentes.
Posicionamientos
Durante la sesión, los grupos y representaciones parlamentarias dieron a conocer en el pleno del recinto legislativo sus posicionamientos en relación a la cuenta pública por parte del Estado y los 72 ayuntamientos.
Por el grupo parlamentario de Morena, la diputada Ernestina Castro Valenzuela señaló que no había nada que celebrar sino mucho qué aclarar en torno al ejercicio fiscal del Gobierno del Estado.
“Inconcebible que a estas fechas el ISAF carezca de facultades para auditar los recursos federales que se aplican en la entidad e iniciar inmediatamente procedimientos de ley por daños al erario y patrimonio público de los sonorenses, conformándose con notificar la auditoría superior de la federación”, recalcó.
Por otro lado, Jesús Alonso Montes Piña, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario (PES), indicó que se deben solventar las observaciones del ISAF y en caso de no ser posible debe procederse acorde a lo que dicta la ley para este tipo de situaciones.
"En el análisis nos percatamos de algunas auditorías realizadas por el ISAF en las distintas dependencias y organismos autónomos donde personal de los distintos niveles administrativos involucrados no cumplen cabalmente con su función, contribuyendo en posibles daños patrimoniales", afirmó.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nitzia Gradías Ahumada, manifestó que según el informe del Sistema Nacional de Fiscalización del Sistema Nacional Anticorrupción, Sonora es la segunda entidad más fiscalizada del país y el ISAF es el ente fiscalizador local que más auditorías aplica en todo el país
“Nos pronunciamos satisfechos con los hallazgos del ISAF a las cuentas públicas estatales, por supuesto que hay áreas que mejorar, por supuesto que hay áreas de oportunidad, pero es un hecho que la administración pública del gobierno del estado tiene hoy otra dimensión y otro nivel”, apuntó.
Orlando Salido Rivera, líder del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), explicó que según los resultados del 2019, varias dependencias tienen opiniones desfavorables o positivas, pero con salvedad, pero figuran dependencias con los mismos resultados que las cuentas públicas anteriores.
“En los resultados de la cuenta pública 2019, el ejecutivo realizó ajustes en las diversas partidas presupuestales aprobadas por este honorable Congreso, donde el ingreso obtenido adicional a lo presupuestado fue aplicado donde solo ellos decidieron”, expuso.
Por otro lado, el diputado del PAN, Gildardo Real Ramírez, se mostró enérgico al criticar la calificación del ISAF, al cual acusó de proteger al Gobierno Estatal, además de argumentar que lo ayuntamientos tuvieron una actuación lamentable.
“Se obtuvieron, por ejemplo, 8 mil millones de pesos de ingresos de excedentes que deben los cuales aplicarse el 50% para amortización de la deuda pública y esto no fue así, de hecho la administración estatal contrató una deuda de corto plazo 2 mil 800 millones de pesos, cuando el Congreso le autorizó 2 mil 600 millones; 250 millones de pesos más de lo autorizado”, acotó.
El diputado del Partido del Trabajo, Rodolfo Lizárraga Arellano, propuso una modificación al dictamen para que se reprobará la cuenta pública de Guaymas, pero no fue aprobada por el pleno.
“No podemos aprobar una cuenta pública que independientemente en este informe venga aprobada de panzazo, no refleja realmente lo que pasa en mi municipio, el distrito que represento, además yo no puedo aprobar algo que exigen en todas partes de Guaymas”, expresó.
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Por Partido Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes reconoció la labor de los auditores del ISAF, cuya función sirve para orientar de mejor manera el gasto público de los entes fiscalizables, lo cual se refleja a través de todas las observaciones realizadas.
“Nuestra Gobernadora y presidentas y presidentes municipales han entendido que la transparencia y rendición de cuentas favorecen al pueblo y a la buena imagen de su gobierno; sin esta actitud, la transparencia y la rendición de cuentas sería un costosísimo sistema de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas”, añadió.
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El diputado Luis Mario Rivera Aguilar del Partido Verde Ecologista (PVEM) destacó que la realidad, de acuerdo con el informe de la cuenta pública, es otra, ya que al analizarlo año con año se dan cuenta de que las erogaciones del Poder Ejecutivo tienen variaciones enormes con lo aprobado por esta Soberanía.
“Por lo tanto dichos balances y contrapesos son inexistentes cuando el Ejecutivo decide, discrecionalmente, cómo y cuándo utilizar los recursos que como Congreso aprobamos. Aquí vemos que nuestra visión como Congreso y como representantes populares no está siendo respetada”, agregó.
