El Congreso del Estado dará seguimiento a la aplicación de la Ley 196 de la Constitución de Sonora, aprobada hace cuatro años, relacionada con la regulación de la actividad de guardias de seguridad privada en la entidad, informó Claudio Huidobro Cárdenas.
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El dirigente del Sindicato de Guardias de Seguridad Privada en Sonora, adheridos a CTM, mencionó que el plazo límite para homologar esta disposición legal termina el 27 de noviembre del año en curso, por lo que será la Comisión de Seguridad Pública del Congreso la encargada de realizar dicha labor.
De tal manera, se lanzará una convocatoria para una consulta con el fin de socializar la ley y exista participación de empresarios, trabajadores y representantes de los tres órdenes de gobierno, de manera que la diputada María Terán, presidenta de la Comisión, enviará un documento entregado por el Sindicato de Guardias de Seguridad Privada al Departamento Jurídico del Gobierno del Estado.
En ese sentido, recordó Huidobro Cárdenas que a pesar del reglamento para regular la actividad se aprobó en mayo del 2019, con el fin de evitar que ex funcionarios fueran dueños de algunas compañías de seguridad privada así como de garantizar derechos laborales de este gremio.
“Hace cuatro años que se aprobó esta ley que hasta hoy es letra muerta, se empeñaron funcionarios del anterior gobierno en no aplicarla, porque esta ley claramente dice que un funcionario público no puede ser dueño de una empresa ni sus parientes en cuarto grado ascendente, descendente y colateral para no generar conflicto de intereses, pero fue el negocio del sexenio”, señaló.
Entre algunas de estas empresas de funcionarios públicos, el líder cetemista enlistó algunas como Argus, Ceicsa, Fasa, Sisps, Shalom, Cassa, entre otras, donde también aparecen servidores de la esfera federal de sexenios pasados.
Por ello, puntualizó que se requiere formar un consejo técnico, con representantes de los sujetos y gremios involucrados para revisar permisos de revalidación de contratos, sanciones, estrategias de capacitación, y que se dé cumplimiento a la ley, a fin de no violentar las prestaciones sociales.