Embargos de bienes y de casas habitación en Sonora se reactivarán hasta el año entrante en el Poder Judicial del Estado, esto para evitar que haya personas que perdieron sus empleos que resulten más afectadas.
Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), expuso que hay muchas personas que perdieron sus trabajos o negocios, por lo que en apoyo a todos los que resultaron afectados, no se están realizando temas de embargo, hasta que haya una reactivación total.
"No vemos humano que encima de eso (perder el trabajo) le llegue un actuario y le embargue la televisión, lo único que tiene para entretenerse; o el carrito que le queda para volver a empezar", detalló.
Gutiérrez subrayó que el regreso será gradual, con un punto de equilibrio en el que los abogados puedan reactivar su trabajo y que la gente no resulte afectada en sus bienes y posesiones, porque no han autorizado el desalojo de casas particulares.
"Fueron cuatro meses y medio en los que la mayoría no pudo pagar. No falta un 'vivales' por ahí que no quiera pagar, pero es inocultable que el grueso de la vio en muy serias dificultades económicas y de seguro incumplió en obligaciones", enfatizó.
El funcionario manifestó que no han dejado de trabajar ni un sólo día, pero sí suspendieron actividades presenciales, así como actividades que pudieran afectar de alguna manera a las personas.
Asimismo, apuntó que, aunque se pretendía que el paso a la documentación electrónica del STJE fuera un proyecto a largo plazo, esto se ha tenido que hacer de manera acelerada para poder continuar con el trabajo durante la contingencia sanitaria por Covid-19.
"Esto que estamos implementando desde hace más de un mes, mes y medio, estaba planeado para el año que entra, es la verdad, tenemos muchos compromisos en materia de reformas constitucionales; pero esto se nos vino encima y hay que sacarlo y cumplir con los compromisos constitucionales", indicó.
El magistrado explicó que los compromisos que tienen pendientes son la implementación de los juzgados orales en materia mercantil, además de prepararse para la reforma laboral, en donde también se pretende implementar la oralidad.
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