/ domingo 13 de septiembre de 2020

A dos años de aprobación, Ley Antipopote en el olvido

De acuerdo con la ASGA todavía no se determina qué instancia en concreto tiene la facultad para realizar la sanción correspondiente, si el Ayuntamiento o el Estado

A dos años de que el Congreso del Estado aprobara la iniciativa de decreto para reformar de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y prohibir el uso de popotes en restaurantes y establecimientos, poco se ha hecho por hacer valer la normativa.

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De acuerdo con la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental (ASGA), todavía no se determina qué instancia en concreto tiene la facultad para realizar la sanción correspondiente, si el Ayuntamiento o el Estado.

Alejandro Hernández Ortiz, miembro de la agrupación, señaló que la reforma está mal hecha y los legisladores deben modificarla para establecer con mayor precisión las responsabilidades que le tocan a cada quién.

Archivo | El Sol de Hermosillo

“El problema con los popotes es que no entran en la categoría de sólidos urbanos ni tienen un manejo especial, por lo que al ser un material es complicado establecer cuál es la instancia que debe atender estos procesos”, expuso.

El Instituto Municipal de Ecología comentó que este tema no compete al gobierno municipal, sino al Gobierno del Estado, mientras que la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (Proaes) sostuvo que era de competencia municipal.

Hernández Ortiz mencionó que el precio de los popotes biodegradables llega a ser hasta 40% más caro que el de un popote convencional, razón por la cual en un principio empresas distribuidoras de pajillas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) manifestaron su inconformidad con el decreto.

Según lo estipulado por la ley, la sanción para quienes incurran en el delito de ofrecer estos tubos de plástico a los comensales es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual se traduce en aproximadamente mil 700 pesos, pero la sanción puede alcanzar un millón 680 mil 800 pesos.

Esta determinación aplica para todos los restaurantes de Sonora, así como los puestos ambulantes de bebidas y alimentos, por lo cual se les pidió no promover el uso de popotes de plástico.

Al no haber una instancia encargada de llevar a cabo las sanciones correspondientes a los comercios que incurran en esta falla, tanto restaurantes como puestos pueden seguir distribuyendo pajillas sin mayor problema.

Archivo | El Sol de Hermosillo

Esto se complica con la llegada de la “nueva normalidad”, derivada de la crisis sanitaria por Covid-19, marca también la pauta para restringir el uso de sorbetes de plástico, al ser un material en contacto directo con las vías orales del consumidor.

Sin embargo, pese a los riesgos a la salud que podría causar el incorrecto desecho de este material, sobre todo ahora que el Estado de Sonora pasó a semáforo epidemiológico amarillo, lo cual permite el cupo limitado en restaurantes, el uso de los popotes queda aún más ambiguo.

A dos años de que el Congreso del Estado aprobara la iniciativa de decreto para reformar de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y prohibir el uso de popotes en restaurantes y establecimientos, poco se ha hecho por hacer valer la normativa.

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De acuerdo con la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental (ASGA), todavía no se determina qué instancia en concreto tiene la facultad para realizar la sanción correspondiente, si el Ayuntamiento o el Estado.

Alejandro Hernández Ortiz, miembro de la agrupación, señaló que la reforma está mal hecha y los legisladores deben modificarla para establecer con mayor precisión las responsabilidades que le tocan a cada quién.

Archivo | El Sol de Hermosillo

“El problema con los popotes es que no entran en la categoría de sólidos urbanos ni tienen un manejo especial, por lo que al ser un material es complicado establecer cuál es la instancia que debe atender estos procesos”, expuso.

El Instituto Municipal de Ecología comentó que este tema no compete al gobierno municipal, sino al Gobierno del Estado, mientras que la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (Proaes) sostuvo que era de competencia municipal.

Hernández Ortiz mencionó que el precio de los popotes biodegradables llega a ser hasta 40% más caro que el de un popote convencional, razón por la cual en un principio empresas distribuidoras de pajillas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) manifestaron su inconformidad con el decreto.

Según lo estipulado por la ley, la sanción para quienes incurran en el delito de ofrecer estos tubos de plástico a los comensales es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual se traduce en aproximadamente mil 700 pesos, pero la sanción puede alcanzar un millón 680 mil 800 pesos.

Esta determinación aplica para todos los restaurantes de Sonora, así como los puestos ambulantes de bebidas y alimentos, por lo cual se les pidió no promover el uso de popotes de plástico.

Al no haber una instancia encargada de llevar a cabo las sanciones correspondientes a los comercios que incurran en esta falla, tanto restaurantes como puestos pueden seguir distribuyendo pajillas sin mayor problema.

Archivo | El Sol de Hermosillo

Esto se complica con la llegada de la “nueva normalidad”, derivada de la crisis sanitaria por Covid-19, marca también la pauta para restringir el uso de sorbetes de plástico, al ser un material en contacto directo con las vías orales del consumidor.

Sin embargo, pese a los riesgos a la salud que podría causar el incorrecto desecho de este material, sobre todo ahora que el Estado de Sonora pasó a semáforo epidemiológico amarillo, lo cual permite el cupo limitado en restaurantes, el uso de los popotes queda aún más ambiguo.

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