Los animales domésticos corren un grave peligro en Sonora, a pesar de que son protegidos por leyes, el Estado no cuenta con una infraestructura adecuada para ejecutarlas, asimismo la desinformación y la apatía de la población abona a este problema.
Carolina Araiza Sánchez, presidenta de la asociación de Pata de Perro, indicó que la indisposición de la ciudadanía para denunciar actos de maltrato animal hace imposible que se puedan localizar a los responsables.
“En la mayoría de los casos la gente reconoce quién fue, sin embargo no quiere denunciar oficialmente ante las autoridades, según nos comentan los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)”, acotó.
La primera Ley de Protección Animal fue avalada por el Congreso del Estado de Sonora en 2013, sin embargo la reforma al Código Penal no vino sino tres años más tarde y recientemente en 2018 se aprobó una nueva Ley de Protección Animal.
Esta ley, promovida por el entonces diputado del PRI David Palafox Celaya, sostenía como principal propuesta la organización de una agencia especializada en maltrato animal y abigeato dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
No obstante, llevada a la praxis, dicho documento aún lucha por establecer sinergia con la ciudadanía y las autoridades responsables de llevar los casos.
De acuerdo con Araiza Sánchez, la Fiscalía debe tener un laboratorio forense en dónde realizar la autopsia al animal en cuestión para determinar las causas de su supuesta agresión y, en caso de que efectivamente se trate de maltrato, seguir con la denuncia, pero eso no sucede.
Es principalmente en este punto cuando los afectados desisten de establecer una acusación formal, debido a que se deshacen del cuerpo de sus mascotas, sin saber que se trata de una pieza crucial para la investigación.
Sin embargo la apatía ciudadana hacia la denuncia es lo más frustrante para la rescatista de Pata de Perro, tal como sucedió con la perrita muerta a golpes y colgada en el fraccionamiento Oasis a mediados de diciembre pasado, donde ningún vecino se animó a declarar.
Hasta el momento sólo tres personas han sido sentenciadas por el delito de maltrato animal en el Estado, la primera de ellas sucedió en enero de 2018 cuando un can fue agredido con un machete en el rostro.
El segundo fue sentenciado a dos años y medio de prisión, pero debido que el agresor es menor de edad, se encuentra llevando su condena en prisión domiciliaria, mientras que el tercero purga una condena de 2 años y 8 meses en la cárcel.
