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A doce años del incendio que cambió la historia de Sonora, el clamor por justicia de los padres y familiares de los niños fallecidos o heridos de gravedad aquel día continúa vigente.
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Desde aquel 5 de junio de 2009, la respuesta de las autoridades en materia de responsabilización a los culpables ha sido, por así decirlo, mixta en su ejecución. Recientemente cinco miembros del personal de bomberos que acudieron a prestar su apoyo durante la tragedia han compartido la lucha por su libertad tras haber sido incriminados como presuntos responsables de la misma.
Se trata de Arturo Dávila, Jesús Galindo, Martín Francisco Lugo, Rafael Robles Jauregui y Roberto Copado, quienes por más de una década han enfrentado la persecución de las autoridades por su presunta responsabilidad en el incendio donde 49 niños perdieron la vida y 106 resultaron con heridas en diferentes grados.
En 2001, cuando la guardería ABC abrió sus puertas, Arturo Dávila fungía como jefe de Inspecciones del Departamento de Bomberos en Hermosillo. Fue él quien ocho años antes del siniestro firmó los documentos que el lugar necesitaba para comenzar a operar, los cuales avalaban la colocación de extintores, señalización y la existencia de salidas de emergencia. El documento venció en 2002.
Ahora Arturo, junto a sus compañeros que integraban el área de inspecciones, es acusado de los delitos de homicidio culposo y lesiones, un cargo que comparten otros presuntos responsables que han sido señalados por las autoridades de distintos niveles de gobierno a lo largo de los años.
Víctimas y acusadas
Poco tiempo después de haberse iniciado, las indagatorias sobre los hechos llevaron a que se levantaran acusaciones por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra de 22 de las trabajadoras de la guardería ABC, quienes fueron las primeras en responder al incendio e iniciar la evacuación de los niños. Las autoridades les acusaron por los delitos de lesiones, lesiones culposas por omisión y homicidio culposo.
Fue el juez tercero de distrito en Hermosillo, Sonora, quien declaró improcedentes los señalamientos antes de que las empleadas de la guardería fueran puestas en la cárcel. Según la resolución, no fue posible para las trabajadoras desalojar a todos los niños a tiempo a pesar de que el personal actuó correctamente ante la emergencia.
Al igual que muchos de los niños afectados por la tragedia las empleadas de la guardería continúan viviendo con las secuelas de lo que vivieron aquél día, aunque estas sean invisibles para la sociedad, tomando forma del trauma psicológico que supuso y que en algunas de ellas ha llevado a la dependencia de los fármacos para continuar su vida; siempre bajo el riesgo de que una nueva investigación en el caso pueda volver a inculparlas.
A 12 años del incendio, las trabajadoras han pedido que se les reconozca como víctimas para poder acceder a la reparación de los daños y las pensiones que les corresponden, mientras continúan sosteniendo que los verdaderos culpables de la tragedia no han sido verdaderamente perseguidos por la justicia.
Reducciones de culpas
Tanto las maestras de la Guardería ABC como los padres de familia de los niños fallecidos y sobrevivientes han señalado desde el inicio de las indagaciones a los que consideran deberían ser los principales grupos en ser investigados, los altos mandos de la guardería y de la administración municipal de ese entonces.
Entre los responsables que señalan se encuentra Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala y por consecuencia también del expresidente Felipe Calderón, quien se encontraba en el poder en 2009; ella encabezaba la sociedad civil responsable de la guardería junto a Sandra Luca Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquides.
También figuran Antonio Salido Suárez, quien era secretario del Consejo de Administración y Martín Lugo Portillo, quien fuese entonces director de Bomberos de Hermosillo.
Son un total de 22 implicados a quienes en mayo de este año se les encontró culpables de participar en una “cadena de negligencias” que llevaría a la muerte y lesiones de los niños en la guardería; empezando por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y avanzando por los gobiernos municipales y estatales. Las condenas no han sido aplicadas debido a varios amparos presentados por los acusados, quienes entre otras cosas señalan condenas excesivas.
Junto a la declaración de culpabilidad de los 22 acusados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también accedió a que las penas de prisión, originalmente de 14 a 30 años, fueran reducidas bajo criterios aplicables en 2009. Hasta ahora ninguno de los implicados ha sido encarcelado.
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