Un daño económico que asciende a más de 20 mil millones de pesos es el que se ha acumulado a raíz del derrame de metales pesados ocurrido en agosto del 2014 por parte de la minera Buenavista del Cobre sobre el Río Sonora y Bacanuchi, confirmaron autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Federales (Semarnat).
A través del Dictamen de Diagnóstico Ambiental Río Sonora, el gobierno federal expone que es responsabilidad de la empresa Grupo México el haber vertido más de 40 mil litros de sustancias contaminantes sobre ese conducto, que provocaron afectaciones en la salud miles de personas que residen en los siete municipios dentro de esa zona.
El peritaje ambiental incluyó monitoreo de suelo, aire, biota, agua y sedimentos, así como pérdidas económicas, que sirvieron como base para corroborar que la contingencia sí fue iniciada y no por accidente, sino por negligencia, por el consorcio minero en Cananea, detallaron a través de un comunicado representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora.
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Una de sus integrantes, Martha Patricia Velarde expuso en exclusiva que si bien es cierto esa determinación marca un precedente positivo en la lucha por la justicia, también esperan que las autoridades, en este caso quienes forman parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estén a la altura de las circunstancias y se concreten las reparaciones que espera el pueblo.
"Llevamos más de nueve años reclamando eso, lo bueno que hay una base al reconocerse por las autoridades con bases científicas lo que sucedió; nos alienta. Es un paso significativo con la lucha", declaró.
A pesar de que la mayoría de la información que se presentó en la "Mañanera" desde Palacio Nacional ya se sabe desde hace más de un año, consideró positivo el que se reafirme lo que organizaciones, científicos y otros entes constataron con las mediciones del agua, la salud en las personas y demás rubros.
Otra de las asignaturas pendientes, mencionó la activista es que no se ha definido qué pasará con la UVEAS, con la que se debe brindar atención médica y seguimiento a los enfermos, tanto niños como adultos que todavía registran males de consideración por haber ingerido agua contaminada.
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"Cada vez son más los casos de cancer y lo de la UVEAS aún por definirse; desconocemos dónde están atorados los acuerdos entre el gobierno federal y estatal, no han citado a nadie. Salud Sonora conoce los casos, tiene nombres, el servicio médico tiene cada persona afectada, pero nadie a sido citado para pasar al siguiente nivel de atención, sobre todo los de casos grave", lamentó.
Dada la importancia del asunto, insistió a los niveles de gobierno involucrados a que se den soluciones integrales e inmediatas, pues a más de nueve años del ecocidio, todavía quedan muchas cosas por solventar, debido a la falta de voluntad política del Ejecutivo Federal para que eso se concrete.
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