Al aprobar el informe de trabajo 2019-2020, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó 5 recomendaciones no vinculantes dirigidas a diversos entes públicos en el estado de Sonora
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En la primera, se solicitó a los Ayuntamientos transparentar la aplicación de sanciones, específicamente multas de tránsito que las policías imponen a los ciudadanos. Se pide aprobar protocolos y capacitaciones que normen el procedimiento del levantamiento de infracciones, el de confiscación de vehículos por faltas de tránsito y presentación de ciudadanos ante los jueces de barandilla, con el objetivo de incentivar el comportamiento dentro de la ley, generar ambientes libres de corrupción y mochadas, tanto de los agentes de tránsito, jueces de calificadores, personal de apoyo y ciudadanos que intervienen en estas interacciones.
En una segunda recomendación se llama a los 72 ayuntamientos para celebrar convenios con el Comité Coordinador y facilitar al ISAF realizar auditorías en tiempo real y reconocer al Comité de Participación Ciudadana para realizar funciones de vigilancia y monitoreo de los procesos de entrega recepción que deberán llevarse a cabo en el verano del 2021.
En el orden penal, el SEA solicita al Congreso del Estado legislar la responsabilidad penal de las personas morales en actos de corrupción. Con esto, se atiende a una problemática actual relacionada ampliamente con la necesidad de evolucionar en cuanto a la aplicación del derecho en ámbitos donde hasta ahora el Estado de Sonora ha tenido precarios avances, concretamente en su artículo 78 del Código Penal estatal, sin embargo, es necesario legislar en la materia, dado el gran número de casos en los que a través de personas jurídicas colectivas o utilizando éstas, se lesiona el bien jurídico social.
Además, en atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción acordó que para promover salvaguardar los derechos humanos de la población, dar seguimiento a los apoyos económicos, registrar los recursos destinados a actividades de sanitización, adecuación de espacios, u otras similares para el beneficio de la comunidad y registrar los apoyos entregados a personas y familias, reportar los apoyos por institución, incluyendo montos, beneficiarios y otros que se consideren y registrar los apoyos a organizaciones, colectivos, fundaciones ante las consecuencias económicas o sociales derivadas de la emergencia sanitaria.
Por último, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó una recomendación, elaborada y promovida por la Organización de la Sociedad Civil, Avance y Desarrollo por la Igualdad, A.C. y que consiste en evitar destruir o dar de baja documentación recibida o generada por las áreas de los sujetos obligados, sin contar con un sistema institucional de archivo implementado. La ley Estatal de Archivos y su armonización con la Ley General de Archivos aún sigue pendiente de aprobare por el Pleno del Poder Legislativo.
