Aunque han pasado 10 años del derrame de tóxicos en la región del Río Sonora, la lucha social y legal sigue vigente para los más de 20 mil pobladores que resultaron afectados por este desastre ambiental.
Desde 2014, los habitantes han realizado múltiples acciones con la intención de alcanzar una remediación justa, desde protestas hasta demandas internacionales y colectivas, incluso asociaciones civiles siguen sumando a más pobladores para fortalecer sus medidas.
Fueron 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado los que se derramaron de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicada en Cananea, Sonora.
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Los metales pesados recorrieron las cuencas de los ríos Bacanuchi y Sonora impactando sobre todo en los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures, causando afectaciones de salud, ambientales y económicas.
A una década de la contingencia ambiental, la empresa minera asegura que la remediación fue exitosa, incluso se llevó a cabo conforme a la ley, pese a que en 2023 la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) presentó un dictamen donde informó que persistían los metales pesados en el Río Sonora.
Por este motivo, la defensa de los derechos de las poblaciones al resarcimiento de los daños se mantiene en diferentes rubros, como el legal donde agrupaciones continúan con los procesos jurídicos.
Tal es el caso de la asociación civil Acciones Colectivas Sinaloa (ACS) que en alianza con Justicia Justa A.C. ha presentado una serie de demandas de acción colectiva contra las empresas Grupo México, Minera México y Buenavista del Cobre desde 2014.
Invitan a acciones colectivas
Al respecto, Kelsey Vanessa Guardado Gutiérrez, integrante del equipo jurídico de ACS, declaró a El Sol de Hermosillo que han interpuesto dos acciones colectivas, que son de carácter difusa y en sentido estricto.
Explicó que en el caso de la difusa, que tiene la finalidad de que se repare el daño ambiental provocado por el derrame de tóxicos en la región podría tener su sentencia este 2024 tras una década de iniciado el proceso ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
En lo que respecta a la acción colectiva en sentido estricto, detalló que también está dirigida a las empresas mineras antes mencionadas, pero fue iniciada en 2015 con la intención de que se concrete una remediación de daños en índole individual.
“Se ordena la reparación del daño individual, con eso se tiene la oportunidad de reclamar daños individuales a las demandas porque (una vez emitida la sentencia) ya se dijo que sí hubo afectación”, abundó la abogada.
También precisó que en este caso están representando a 86 personas afectadas por la contingencia ambiental, así como 171 que se han sumado al proceso ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México.
Este trámite se encuentra en el proceso de desahogo de pruebas, por lo que a comparación de la otra acción colectiva, podría tener una sentencia en los próximos años con resultados favorables, comentó.
Para fortalecer estas medidas colectivas, invitó a los pobladores de Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús a unirse al proceso de ACS ya que todavía tienen oportunidad de solicitar su remediación.
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De acuerdo a ACS en caso de que emita una sentencia favorable en el juicio de acción colectiva en sentido estricto, la reclamación de los demandantes se deberá realizar de forma individual y se otorgará en el aspecto económico.
La asociación expuso que en ambos juicios se ha contado con la participación de instancias gubernamentales, tanto estatales como federales, que incluyen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).
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