Sonora bajó cinco niveles en el ranking del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, de la organización internacional de la sociedad civil World Justice Project (WJP), al pasar del lugar 17 al 22, en comparación con el año pasado.
El instrumento mide el desempeño institucional en el país y en sus entidades, evaluando cuestiones como Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal.
En ese sentido, Sonora obtuvo resultados por debajo de la media nacional en casi todos los rubros, a excepción del factor sobre Gobierno abierto, donde obtuvo la posición 19 de 32.
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Sin embargo, en cuestiones como Derechos fundamentales, así como en Orden y seguridad, la entidad mostró una tendencia a la baja, al ubicarse ambos factores en el lugar 27 de 32.
En Ausencia de corrupción, el Estado obtuvo el lugar 18; en Límites al poder gubernamental, se ubicó en el 19; en Cumplimiento regulatorio, quedó en el puesto 25; en Justicia civil se quedó en el número 13 y en Justicia penal en el 21; todos estos, por debajo de la media nacional.
Al respecto, Marco Antonio Paz Pellat, vocero y secretario técnico del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, mencionó que el Estado de Derecho es fundamental para la convivencia de la sociedad basado en las leyes, por lo que el deterioro del cumplimiento de las normas institucionales y las legislaciones son un tema de preocupación.
“Estos índices son una magnífica oportunidad para que identifiquen dónde están más atrasados y donde poner mayor atención. En el tema de la corrupción, hace tiempo que se promueve mucho el asunto, pero pocos resultados se obtienen, ¿cuánta gente ha sido procesada por corrupción en el Estado? Si el cumplimiento de una ley no se da, se genera impunidad y la impunidad es el mayor corrosivo contra el Estado de Derecho”, expuso.
Asimismo, indicó que en cuestiones de Orden y Seguridad se han superado cifras históricas en materia de homicidios dolosos y de violencia familiar, considerando que el municipio de Cajeme se ha ubicado entre los primeros lugares en diferentes estudios sobre las ciudades más violentas en México y a nivel internacional.
El año pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal situó a Ciudad Obregón como la segunda ciudad más violenta en el mundo, sólo detrás de Zamora (Michoacán); asimos en tercer lugar se ubicó Zacatecas (Zacatecas), Tijuana (Baja California) en cuarto, Celaya (Guanajuato) en quinto, Juárez (Chihuahua) en sexto, Ensenada (Baja California) en séptimo y Uruapan (Michoacán) en octavo.
“El Gobierno es el primer obligado en que se cumpla el Estado de Derecho y pocos avances hay, ¿la agenda pública dónde está?, porque está en temas totalmente irrelevantes para el Estado de Derecho en Sonora y eso es lo que nos mortifica más y más nos preocupa desde los comités ciudadanos de Seguridad Pública, que no hay acciones concretas para mejorar estos índices”, señaló Paz Pellat.
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En ese sentido, resaltó que el problema no son las legislaciones, sino el cumplimiento de las mismas, ya que la aplicación de las leyes es una tarea fundamental para lograr concretar el Estado de Derecho.
“Se mencionó el caso sobre el Nuevo Hospital de Especialidades hay problemas importantes en materia de las instalaciones eléctricas, pues que se procesen a los responsables. No sirve que se anuncien este tipo de cosas y no se haga nada al respecto. La impunidad es el cáncer del Estado de Derecho, porque si la ley se viola y no se castiga, el incentivo es seguirla violando”, puntualizó.
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