Para innovar el andamiaje jurídico adecuado y ofrecer alternativas tecnológicas, el diputado Jorge Villaescusa Aguayo propone una reforma constitucional que impulsa el uso de plataformas digitales para toda la administración pública estatal, municipios y organismos autónomos.
El legislador local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó esta iniciativa en el Congreso de Sonora, la cual contempla diversos beneficios como un Gobierno que ofrezca soluciones con mayor Interoperabilidad, económico y con más rendimiento.
“Hablamos de una ley marco, una categoría que podría encuadrar en llegar a ser una Constitución Digital”, detalló, “una ley superior que establezca los principios normativos y los derechos que se requieren para situar al estado de Sonora a la altura de las exigencias globales y ponerse a la vanguardia en la digitalización de su gobierno”.
Esto por ende facilitará la llegada de inversiones que favorezcan el desarrollo estatal, además de protección y reglamentación en lo relacionado a posibles ciberdelitos que pudieran presentarse en Internet.
El diputado destacó la importancia de generar un futuro con un gran impacto digital, estableciendo la modernización de las políticas y marcos regulatorios que garanticen una competencia justa.
“Hoy solicitamos a esta soberanía que nuestra constitución contempla ya, lo que en los hechos y la práctica se vive día con día y es necesario darle reconocimiento, legalidad y legitimidad a un campo y una materia como son los procesos de gobierno electrónico o digital en favor de los ciudadanos y de una mejor administración pública”, precisó.
Mediante esta norma superior, se pueden ya establecer leyes secundarias y reglamentos que nos preparen a todos para llegar a la gobernanza digital, que sería la aspiración final, abundó.
También dijo que se contempla un compromiso con la innovación, emprendimiento e inversión, así como un acuerdo colectivo sobre cómo asegurar la sostenibilidad de la digitalización basado en más inclusión, transparencia, responsabilidad y equidad.
La iniciativa que propuso está basada en la actualidad, ya que tras la contingencia las personas se vieron obligadas a transformar y redefinir aspectos de la vida diaria, negocios y trabajos.
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“Los beneficios de la digitalización deben llegar a todos los ciudadanos para crear una sociedad más inclusiva, por tanto, es necesario contar con la infraestructura para la conectividad, lo cual requiere de la colaboración de todas las partes implicadas: entes públicos, academia, investigadores, empresa e interesados en general para para acceder a una legislación fuerte, consensuada, aceptada y fruto de la participación”, expuso.
