Por irregularidades durante su administración como presidente municipal de Guaymas, entre 2006 y 2009, el ahora candidato a la alcaldía de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Carlos Mexía Osuna, ex funcionario municipal de Guaymas y denunciante, dijo que durante 2006 el Ayuntamiento del puerto aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo un contrato de concesión para el servicio público de recolección, traslado y disposición final de la basura que generó una sobrefacturación de entre 60 y 80 millones de pesos.
“Ese mismo 15 de diciembre, en la misma sesión, el presidente municipal somete a consideración un contrato de concesión que se aprueba en esa sesión que autoriza a suscribir dicho convenio, aquí empieza el problema, porque el contrato otorga una concesión que va más allá de lo que se licitó”, mencionó.
Mexía Osuna aseguró que sólo se licitó la recolección de la basura doméstica y de manejo especial, también la clausura del relleno sanitario y la construcción de uno nuevo, por lo que la concesión se entregó durante 15 años y se implementaron las tarifas propuestas por la empresa.
No obstante, en el contrato hay una cláusula que faculta a la concesionaria cobrar por el servicio a todo comercio, industria o quienquiera que genere más de 10 kilogramos de basura al día, así como a quienes soliciten sus servicios directamente, cuestión que en ningún momento fue señalada por ninguna autoridad.
“Para que se pueda concesionar un servicio público tiene que existir una declaratoria previa aprobada por el Ayuntamiento. Vemos esa declaratoria, que la hubo, desde 2002, 2005 y se repite en esta sesión extraordinaria y en ella no se ve en los dictámenes a cuántos trabajadores se van a despedir, por qué hay necesidad de concesionar el servicio, se omite”, abundó.
Explicó que desde entonces, la empresa Recolectora de Desechos y Residuos King Kong S.A. de C.V., estableció una tarifa de 337 pesos por tonelada recolectada y 173 por disposición para el Municipio, lo cual no fue autorizado por el Congreso local ni publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin embargo, así ha funcionado hasta la fecha.
“Esto pudo haber dado origen a la comisión de delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita al que se refiere el artículo 410 del Código Penal Federal”, comentó el abogado.
Además, añadió que se han detectado otra serie de irregularidades tanto en el contrato de concesión como en la prestación del servicio, por lo que también se solicitó la intervención del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) para actuar y estimar los daños patrimoniales, además de los resultados que arrojen las investigaciones de la FGR y la UIF.
“Calculamos que son 300 millones los que ha cobrado la empresa, la que había cobrado hasta el 2015 un total de 194 millones 737 mil 18 pesos, tan solo por la recolección doméstica; de ello, aproximadamente 80 millones han sido sobrefacturados”, detalló.
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